California regula la industria de la comida rápida con la promesa de mejores sueldos y condiciones dignas
Una nueva ley crea un consejo del sector que tendrá carta blanca en una industria con 700.000 empleados, la mayoría de ellos latinos
California ha dado este lunes una gran mordida a la industria de la comida rápida. El Estado pretende empoderar a los empleados de los restaurantes con una nueva ley, que ha sido promulgada por el gobernador Gavin Newsom en el feriado nacional por el día del trabajo. La norma pretende imponer estándares mínimos para los 700.000 empleados que tiene el sector con un consejo que vigilará decenas de cadenas como Starbucks o McDonald’s. Este organismo podrá elevar los sueldos, mejorar las condiciones laborales y de entrenamient...
California ha dado este lunes una gran mordida a la industria de la comida rápida. El Estado pretende empoderar a los empleados de los restaurantes con una nueva ley, que ha sido promulgada por el gobernador Gavin Newsom en el feriado nacional por el día del trabajo. La norma pretende imponer estándares mínimos para los 700.000 empleados que tiene el sector con un consejo que vigilará decenas de cadenas como Starbucks o McDonald’s. Este organismo podrá elevar los sueldos, mejorar las condiciones laborales y de entrenamiento, además de emitir directrices para un sector que tiene una alta rotación en California, considerada la quinta economía mundial.
El consejo estatal del sector estará conformado por diez miembros, propuestos por agencias gubernamentales, las cadenas de restaurantes y representantes de los trabajadores. Este tiene prácticamente carta blanca para emitir recomendaciones vinculadas a la industria. Esto incluye elevar el salario mínimo a 22 dólares desde los 15,50 dólares por hora actuales, lo que lo convierte en uno de los más altos del país. El consejo también podrá estudiar propuestas promovidas por lo menos por 10.000 empleados de restaurantes del Estado. El organismo realizará anualmente un informe dirigido al Legislativo con observaciones e iniciativas para regular.
“Esta acción permite a los trabajadores de la comida rápida a tener una voz más fuerte y tener un asiento a la mesa en la que pueden negociarse sueldos y estándares de salud y seguridad para ellos”, ha dicho Newsom esta mañana. La semana pasada, cuando se aprobó la norma en el Congreso local, el apoyo del gobernador era dudoso. Su Administración había criticado la iniciativa y la patronal la había repudiado abiertamente. Su Gobierno, sin embargo, ha calificado hoy la iniciativa como una aproximación a las negociaciones sectoriales, una variación de los contratos colectivos de industrias puntuales que existen en Europa y son poco comunes en Estados Unidos, donde se prioriza la negociación por empresa.
En California, la fuerza laboral de las cadenas de comida rápida, está compuesta por un 60% de latinos, de acuerdo a una investigación académica elaborada por la Universidad de California en Los Ángeles y Berkeley.
El modelo del consejo podrá ser replicado en pequeños consejos locales que tendrán las mismas facultades, pero solo en ciudades y condados con más de 200.000 habitantes. Únicamente las cadenas que tengan más de 100 restaurantes en todo el país estarán sujetas a la nueva norma. Esto ha sido pensado para evitar golpear a los pequeños comercios, pero los críticos con la norma creen que aún está por verse cómo puede afectar a más de 16.700 franquicias operadas en California.
La ley ha sido percibida como el más reciente gesto progresista en un entorno nacional que ha dejado clara la inquietud de los trabajadores por organizarse después de la pandemia. Desde diciembre, ha sucedido en más de 200 cafeterías de Starbucks y en un almacén de Amazon. Desde hace una década, existe un movimiento nacional de trabajadores del sector de la comida rápida que pide la subida del mínimo al menos a 15 dólares por hora. El 21 de mayo, cientos de empleados de McDonald’s en 16 ciudades del país (3 de estas californianas) se manifestaron exigiendo la subida. La protesta se hizo un día antes de que la cadena de hamburguesas celebrara su reunión anual de accionistas. El año pasado, la empresa de la gran eme amarilla fijó el mínimo a 13 dólares para la mayoría de los restaurantes en manos de la matriz.
Los analistas han destacado la importancia de la norma aprobada por la mayoría demócrata en el Congreso local. Kate Andrias, experta en Derecho Laboral en la Universidad de Columbia, la calificó recientemente como “una de las leyes estatales más importantes aprobadas en mucho tiempo”. Las organizaciones laborales también han aplaudido la medida, que consideran está empoderando a los trabajadores. “La aprobación de la AB257 es el avance más significativo en la lucha por la dignidad laboral en toda una generación”, ha calificado Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de servicios, SEIU por las siglas en inglés. “Es hora de que corporaciones como McDonald’s, Amazon, Starbucks y Delta se acerquen a una mesa de negociación nacional para elevar los estándares de la industria y asegurarse de que todo empleado es respetado, protegido y reciba un sueldo que le permita vivir”, añadió la representante de una organización con más de dos millones de miembros.
La norma atravesó un duro proceso legislativo. El año pasado fracasó en la Asamblea, donde no obtuvo los votos necesarios. En parte por la campaña de presión y lobby promovida por las cadenas, quienes se oponen a la unión de sus trabajadores. El texto de la norma fue recogido en enero por otro congresista. Fueron necesarias varias modificaciones para evitar algunas objeciones de la patronal y de congresistas moderados.
Una de estas alteraciones hechas en el Senado local fue la eliminación de una cláusula que hacía responsables a los dueños de franquicias por violaciones cometidas por la empresa matriz. Esto fue borrado del texto porque algunos argumentaban que podría afectar la economía y reducir el número de nuevas franquicias a futuro.
En junio, el Departamento de Finanzas de California emitió una opinión negativa sobre la nueva ley dirigida al gobernador. “Crea unas reglas específicas para un sector que pueden fragmentar el ambiente regulatorio y legal para los empleados y aumentar, en el largo plazo, los costes en la industria”, indicó el organismo, que pone en duda que la ley cumpla con sus objetivos. Muchos de los críticos, sin embargo, coinciden en que la norma hará que suban los precios de la comida en cientos de restaurantes cuyo principal atractivo son los precios que mantienen para los que menos tienen.