La inflación galopante del Reino Unido agrava el pulso entre Boris Johnson y los sindicatos
El IPC se sitúa en el 9,1%, su cifra más alta en cuatro décadas. El primer ministro británico advierte de que no cederá ante las peticiones de subida salarial de los trabajadores públicos
El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado esta semana con una sorpresa que le ha animado a mostrarse firme en su pulso con los sindicatos: el exitoso ensayo general del teletrabajo desde casa, forzado durante los largos meses de la pandemia, ha ayudado a reducir considerablemente el caos previsto en la mayor huelga del transporte público de los últimos treinta años. “Los primeros datos muestran que, a diferencia de ocasiones ...
El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado esta semana con una sorpresa que le ha animado a mostrarse firme en su pulso con los sindicatos: el exitoso ensayo general del teletrabajo desde casa, forzado durante los largos meses de la pandemia, ha ayudado a reducir considerablemente el caos previsto en la mayor huelga del transporte público de los últimos treinta años. “Los primeros datos muestran que, a diferencia de ocasiones pasadas, mucha gente tiene ahora la oportunidad de trabajar desde casa. Ni siquiera ha habido congestión en las carreteras. Los sindicatos no han logrado el impacto global al que aspiraban”, aseguraba un portavoz del Ministerio de Transportes. La inflación del Reino Unido se sitúa ya en el 9,1%, según datos anunciados este martes. La cifra más alta en cuatro décadas. El Banco de Inglaterra calcula ya que puede acabar siendo del 11% a finales de año. El primer ministro británico está decidido, según explicaba a los miembros de su Gobierno, a “mantener firme el rumbo” y aguantar el desafío de la conflictividad laboral, convencido de que es necesario evitar que una subida salarial descontrolada de los trabajadores públicos agrave la situación.
El plan de huelga aprobado por los 40.000 afiliados del sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte (RMT, en sus siglas en inglés), suponía paros prácticamente totales durante el martes, así como este jueves y el próximo sábado. Afecta a la red gestionada por la empresa pública Network Rail y a trece operadoras privadas. El horario reducido de los días intermedios, y la falta de las tareas preparatorias que realiza el personal de turno de noche, garantizaban que el caos se prolongara durante toda la semana.
Londres tuvo durante todo el martes un tráfico notablemente más intenso del habitual, y eran frecuentes las largas colas en las paradas de autobús. Los trabajadores del metro hicieron también ese día huelga, por las mismas razones: una subida salarial que les permita hacer frente a la actual crisis del coste de la vida.
Empresa y sindicato han aceptado este miércoles volver a sentarse en la mesa de negociación. Los representantes de RMT piden una subida salarial del 7%. Network Rail ofrece un 3%, más complemento por productividad. Pero ya advierte de la necesidad de “modernizar prácticas laborales caducas” —por ejemplo, las oficinas de venta de billetes, sin apenas actividad— que supondrán el despido de 1.900 personas. El sindicato se niega a hablar de nada que no sean bajas voluntarias e incentivadas. A última hora del día, el sindicato confirmaba que iría adelante con el nuevo paro, este jueves, y acusaba al Gobierno de haber presionado bajo mano a la empresa. “Gran Shapps [el ministro de Transportes] ha arruinado las conversaciones al no permitir a Network Rail retirar la carta en la que amenazaba con 2.900 despidos”, ha dicho Mick Lynch, el secretario general de RMT. El ministro ha respondido llamando mentiroso al jefe sindical y negando la acusación.
Sin intervención directa
El Gobierno de Johnson se ha resistido hasta ahora frente a las peticiones de que intervenga directamente en la negociación, a pesar de que Network Rail sea una empresa pública y salga de los presupuestos el dinero para sostener al resto de operadores privados. “Si vamos a realizar inversiones colosales [en la red ferroviaria], como es nuestra obligación, hay que introducir reformas. Y ya advierto a todo el país: necesitamos mantenernos firmes y no variar el rumbo”, decía el primer ministro a los miembros de su Gobierno, pero también a los ciudadanos, porque permitía que las cámaras entraran para ese discurso a una sala normalmente vetada a los medios.
Johnson se mueve entre la oportunidad política y la necesidad económica. A la huelga de ferrocarriles están pensando en sumarse los profesores de enseñanza pública, personal de enfermería, médicos o trabajadores municipales y del servicio postal. La secretaria general de la mayor confederación sindical del Reino Unido, TUC, ya ha advertido al Gobierno de que se puede enfrentar a serios problemas si decide convertir esta conflictividad en un enfrentamiento político. “Ya me han preguntado en varias ocasiones si podemos acabar llevando a cabo una acción coordinada, y no lo he descartado”, ha dicho Frances O´Grady. El Gobierno conservador, convencido de que la opinión pública acabará de su lado, planea incluso impulsar una legislación incendiaria que permitiría a las compañías ferroviarias sustituir a los huelguistas con personal de agencias externas de colocación (similares a las ETT en España). “Ya existen leyes en contra de esa maniobra desde 1973, y ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a ir tan lejos”, ha advertido el número dos de TUC, Paul Nowak. “Ese tipo de actuación prolonga el conflicto y lo hace más amargo”, ha dicho.
Aunque una mayoría de ciudadanos apoya, en un principio, la huelga de los trabajadores ferroviarios —un 58% cree que está justificada, según el sondeo de la empresa Savanta ComRes—, el respaldo entre los mayores de 55 años y entre los votantes conservadores es muy inferior (44% y 38%, respectivamente) al de los jóvenes y votantes laboristas (72% y 79%). Johnson juega de cara a su propia parroquia, muy decepcionada con él por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, y que suele mostrar su rechazo ante cualquier huelga.
Pero el componente económico, y el temor ante una inflación galopante, tienen también su peso en la situación actual. “Es justo compensar a los empleados del sector público, que han trabajado muy duro [durante la pandemia] con una subida salarial, pero debe ser proporcionada y equilibrada”, ha dicho Johnson, en línea con las reclamaciones del Banco de Inglaterra. “Unos altos niveles de inflación sostenidos durante mucho tiempo afectarían a largo plazo a los bolsillos de los ciudadanos, acabarían con el ahorro privado y extenderían las dificultades a las que nos enfrentamos ahora”, ha advertido el primer ministro británico. Johnson está decidido a poner pie en pared frente al descontento de muchos trabajadores con una desatada crisis del coste de la vida, y se prepara para aguantar frente a lo que los medios vaticinan ya que será “el verano del descontento”.
“Nuestros afiliados están liderando al resto de trabajadores de este país cansados y hartos de ver cómo sus sueldos son cercenados por una mezcla de grandes beneficios empresariales y de la política del actual Gobierno”, ha dicho Mick Lynch, el secretario general de RMT, el sindicato al frente de la huelga en los ferrocarriles.
El dilema del laborismo
El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que ha intentado en los últimos tres años desterrar con un discurso moderado la imagen demasiado a la izquierda de su predecesor, Jeremy Corbyn, sabe que las huelgas son un terreno minado. La fuerza de los sindicatos en el principal partido de la oposición, a la hora de financiar su actividad, nutrir sus cuadros, movilizar a las bases y elegir la dirección, es inmensa. Pero la imagen de los piquetes es devastadora para un electorado de clase media. Starmer prohibió a su equipo acercarse hasta ellos, pero al menos tres de sus principales diputados —miembros de la dirección del partido— se hicieron el martes fotos con los piquetes que colgaron en sus cuentas de Twitter. Y más de quince diputados sin responsabilidad en la formación expresaron también su apoyo a los huelguistas. “Nadie se toma a la ligera una huelga, pero siempre defenderé el absoluto derecho de todos a defender un trabajo justo”, aseguraba la número dos de Starmer, Angela Rayner. Su procedencia del corbynismo no le impide profesar una clara lealtad al actual líder, pero en ocasiones juega el papel de puente entre las dos almas del laborismo.
Los conservadores, mientras tanto, aprovechan el desgarro interno de sus rivales. Johnson ha reprochado a Starmer, durante la sesión de control de este miércoles en la Cámara de los Comunes, “falta de agallas” para criticar los paros en los ferrocarriles: “Es vergonzoso que, mientras intentamos evitar que haya oficinas de venta de billetes donde no se llega a vender uno a la hora, él tenga a veinticinco de sus diputados compartiendo piquete con los huelguistas en vez de apoyar a la gente que lucha día a día”, ha reprochado Johnson al líder de la oposición, jaleado por los diputados conservadores. Starmer había acusado a Johnson de “no haber levantado un dedo”, ni él ni su ministro de Transportes, para intentar impulsar un acuerdo entre la empresa y los sindicatos.