El Gobierno restringirá el bono joven del alquiler para limitar el impacto en las cuentas públicas
Transportes prevé que se beneficien unos 40.000 personas de esta ayuda, uno de cada 10 jóvenes que arriendan un piso y cumplen los requisitos de renta y edad adelantados por el presidente Sánchez
Casi una década después, el Gobierno rescata las ayudas al alquiler. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá limitar el alcance del bono joven para reducir su impacto en las cuentas públicas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó este miércoles que las ayudas llegarán a entre 40.000 y 50.000 ciudadanos. Esa cantidad dista de los casi 600.000 jóvenes de hasta 35 años con ingresos bajos que viven de alquiler en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al frente del Ministerio de Vivienda, ...
Casi una década después, el Gobierno rescata las ayudas al alquiler. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá limitar el alcance del bono joven para reducir su impacto en las cuentas públicas. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó este miércoles que las ayudas llegarán a entre 40.000 y 50.000 ciudadanos. Esa cantidad dista de los casi 600.000 jóvenes de hasta 35 años con ingresos bajos que viven de alquiler en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al frente del Ministerio de Vivienda, Carme Chacón lanzó en 2009 la popular renta básica de emancipación. La ayuda, de 210 euros al mes, fue más que bienvenida en un momento de máxima emergencia económica y residencial. Solo en el primer año de funcionamiento la recibieron más de 167.000 jóvenes. Y en el segundo año, ya tenía casi 320.000 receptores a pesar de estar mucho más restringida por edad (entre 22 y 30 años) e ingresos (22.000 euros). En plena época de austeridad, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió fulminarla.
En una entrevista a Onda Cero, Sánchez explicó que su ministerio contará con 200 millones de euros para el bono joven, lo cual permitirá llegar a entre 40.000 y 50.000 jóvenes. Esa cantidad sugiere, de entrada, que las convocatorias contendrán más requisitos de acceso de los que se conocen hasta ahora. De momento, apenas ha trascendido que esta ayuda está destinada a ciudadanos de entre 18 y 35 años, con ingresos de hasta 23.725,8 euros (tres veces el IPREM, indicador público de renta de efectos múltiples). Fuentes del ministerio, además, recuerdan que también dependerá de los acuerdos que acaben efectuando con las comunidades autónomas.
El Gobierno, pues, ha acotado un enorme universo de población. Casi cinco millones de jóvenes entre 18 y 35 años ganaban en 2019 menos de dos veces el salario mínimo interprofesional (entonces equivalía a 25.200 euros). La Encuesta de Condiciones de Vida del INE permite afinar algo más, pese a sus limitaciones. Según desgrana la economista de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó, hay 1,74 millones de jóvenes de hasta 35 años que sustentan un hogar en España —ese dato permite eliminar duplicidades dentro de una misma vivienda y encaja con los resultados de la Encuesta Continua de Hogares—. De estos, 1,28 millones tienen ingresos personales brutos inferiores a los exigidos por el Gobierno para acceder a las ayudas. Y 586.590 pagan un alquiler. Si el Gobierno acaba teniendo en cuenta las rentas familiares, resulta que hay 334.944 hogares jóvenes.
Elevar la tasa de emancipación
Por lo tanto, el Gobierno deberá restringir criterios o focalizar más las ayudas si no quiere verse desbordado por las demandas. Además, la idea del Gobierno es también rebajar la edad de emancipación, ahora en más de 29 años, para ir acercándola a la media de la Unión Europea, que es de 26,4 años, según Eurostat. “Para los jóvenes, que hasta ahora han tenido imposible desarrollar su proyecto vital, con las medidas que se están activando vamos a cambiar mucho su expectativa de acceder a una vivienda”, afirmó la ministra en la entrevista.
Según el Consejo de la Juventud de España (CJE), actualmente solo el 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años logran emanciparse. La proporción es más elevada entre quienes tienen entre 30 y 35 años, aunque no llega al 70%. La pandemia, además, la hizo retroceder por el parón que supusieron los confinamientos, la merma de ingresos por los ERTE y, sobre todo, la incertidumbre con la que la población afrontaba los años venideros. Por ello, el CJE tildó el bono de “parche”. “Entendemos que es necesario priorizar otro tipo de políticas, como la creación del parque público de vivienda”, aseguró a Efe el vicepresidente de la entidad, Adrià Junyent.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue escéptica con la medida al considerar que el importe de esa ayuda podía trasladarse al precio de los alquileres directamente. “Esperaré a conocer el detalle de la medida. Hay que tener cuidado, porque en 2007 se hizo algo parecido, y subió el alquiler al conjunto de la población, no solo a los jóvenes”, advirtió. Sin embargo, consideró que el bono sí puede contribuir a la emancipación juvenil si va acompañado de otras medidas que ataquen la especulación inmobiliaria, a lo que, a su juicio, sí contribuye el resto del paquete de medidas.