Iberdrola eleva su ofensiva contra el ‘caso Villarejo’
Repsol y el expresidente del BBVA también se revuelven contra la instrucción de la Audiencia Nacional
Las aguas bajan revueltas en el Ibex 35 a causa del caso Villarejo. Varios de los altos cargos y compañías implicadas en este macrosumario de corrupción policial y empresarial, que tiene como epicentro al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han intensificado su ofensiva en las últimas semanas contra la instrucción de la Audiencia Nacional. En especial, Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que han presentado media docena de recursos y escritos desde que el ...
Las aguas bajan revueltas en el Ibex 35 a causa del caso Villarejo. Varios de los altos cargos y compañías implicadas en este macrosumario de corrupción policial y empresarial, que tiene como epicentro al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han intensificado su ofensiva en las últimas semanas contra la instrucción de la Audiencia Nacional. En especial, Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que han presentado media docena de recursos y escritos desde que el máximo directivo de la compañía fuese imputado. También Repsol ha alzado la voz y apunta al Estado por “propiciar o permitir” los tejemanejes del antiguo policía. Y Francisco González, expresidente del BBVA, se ha opuesto con dureza a la ampliación de la investigación ordenada contra él.
Esta reacción se produce después de que las pesquisas hayan estrechado el cerco sobre las empresas y sus cúpulas. El BBVA y su expresidente están imputados desde 2019 por supuestos encargos de espionaje a Villarejo. Pero a esta lista se sumaron este mayo Isidro Fainé, expresidente de Caixabank, y Antonio Brufau, actual presidente de Repsol; este junio, Sánchez Galán; y este julio, el propio Repsol, Caixabank e Iberdrola Renovables Energía, una filial de la eléctrica, imputadas todas ellas también como personas jurídicas.
La ofensiva de Iberdrola se escenificó el mismo día que se conoció la citación como investigado de su presidente —declaración que se encuentra pendiente de fecha—. El juez imputó a Sánchez Galán el 22 de junio, pero no se supo hasta la jornada siguiente. Fue entonces cuando la compañía envió un escrito al instructor, Manuel García-Castellón, para quejarse de que “había tenido conocimiento [de esa decisión] a través de los medios de comunicación” y criticaba “el criterio empleado para notificar las resoluciones”. Es más, la energética ya avanzaba entonces otro de los puntos donde pensaba dar la batalla: su personación en la causa tras querellarse contra José Antonio del Olmo, exdirector de control de funciones corporativas de la eléctrica.
El magistrado considera al antiguo alto cargo de Iberdrola como un testigo clave después de que, según García-Castellón, comunicase a sus superiores en 2004 “diversas irregularidades que presentaban los trabajos” encargados a Villarejo. De hecho, llegó a depositar entonces un informe en una notaría, que se encuentra incorporado al sumario, y que provocó que la empresa le denunciase por manipular supuestamente esos papeles. Por ello, Iberdrola ha reivindicado reiteradamente su condición de perjudicada: “Sin embargo, estas peticiones han tenido como única respuesta el silencio judicial, lo que ha implicado que no se [nos] haya notificado ninguna resolución e imposibilitado el acceso a las actuaciones”, reprochaba la compañía en otro escrito de 20 páginas enviado al juez el pasado 16 de julio, donde también pedía anular el auto del instructor en el que imputaba a la filial y negaba la personación de Iberdrola como acusación particular contra Del Olmo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse ahora sobre ello.
La compañía encabezada por Sánchez Galán insiste en que la instrucción ha vulnerado su derecho de defensa. Habla de “defectos procesales”. A su vez, los abogados del máximo directivo de la energética han remitido otros recursos al juez para informarle de “errores” que contienen sus resoluciones. Los letrados protestan, por ejemplo, por el auto donde García-Castellón sitúa a Galán como presidente de Iberdrola Renovables de Energía: “Jamás ha ocupado tal cargo en esa empresa, como tampoco ha detentado puesto alguno en su órgano de administración”. A este contexto se suma otro escrito remitido al instructor por Antonio Asenjo, exdirector de Seguridad de la compañía, que impugna todos los informes policiales y grabaciones donde habla con Villarejo al no considerar “certificada” su autenticidad.
Exigir “responsabilidades”
Repsol —cuyo representante ha declarado este lunes, al igual que el de Caixabank— también dio un paso al frente tras su imputación como persona jurídica. Ese mismo día, envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde incidía en su “trayectoria ejemplar en materia de cumplimiento normativo y prevención de delito” y reprochaba a García-Castellón su decisión por haberla tomado sin llamar antes como testigo al jefe de la Oficina de Cumplimiento de la Compañía, “a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido”. En esa misma nota, anunciaba que “se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes” para exigir “las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt”, el grupo empresarial encabezado por Villarejo. La petrolera apuntaba así, ya sin paliativos, al Estado.
Francisco González, expresidente del BBVA, también se sumó al ataque la pasada semana, después de que el juez ampliase la investigación contra él al atribuirle un nuevo presunto delito de administración desleal. Apenas unas horas después de conocer la resolución, el exbanquero presentó un recurso donde pedía que se anulase el fallo por “carecer de la fundamentación jurídica necesaria para acordar la investigación por su presunta participación en un presunto delito de administración desleal”. Según reprochó, García-Castellón no detalla los “hechos concretos” que se le imputan y recoge “abstracciones genéricas”; además de atribuirle incorrectamente, en su opinión, un delito del Código Penal que no se le podría aplicar o unos hechos que habrían prescrito.