Un juzgado ordena paralizar el rescate público a la aerolínea Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado suspender la entrega de 34 de los 53 millones de euros que forman parte del rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra y que se debían desembolsar el 28 de julio. La juez ha dado un plazo de cinco días naturales a la empresa para que acredite que realmente necesita este préstamo a fin de pagar a proveedores...

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado suspender la entrega de 34 de los 53 millones de euros que forman parte del rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra y que se debían desembolsar el 28 de julio. La juez ha dado un plazo de cinco días naturales a la empresa para que acredite que realmente necesita este préstamo a fin de pagar a proveedores y asegurar su viabilidad.

La jueza Esperanza Collazos señala que “el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento” judicial.

La titular del juzgado hace referencia a la apertura de diligencias el pasado mes de abril contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo (15 altos cargos en total) tras una denuncia de Manos Limpias por supuesta malversación en el rescate de Plus Ultra.

La instructora entiende ahora que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.

El pasado 9 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la inyección de 53 millones en Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para mantenerla a flote. En el caso de la aerolínea, la ayuda consiste en 34 millones en préstamos participativos y 19 millones en un préstamo ordinario que ya ha sido desembolsado y que tiene un plazo de siete años para su devolución.

La decisión de la jueza se produce tras la petición de medidas cautelares en un procedimiento en el que se encuentran personados el Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias.

Desde que se aprobó este rescate, los grupos de la oposición lo criticaron al considerar que la compañía no es ni estratégica (tiene una cuota mínima de mercado) ni solvente, requisitos establecidos para acceder al fondo de la SEPI. Además, han suscitado multitud de críticas las supuestas conexiones de la compañía con los dirigentes del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La SEPI pide permiso

El próximo 28 de julio tocaba hacer el segundo desembolso, según figura en el contrato suscrito entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia y la compañía aérea. Así que el Fondo consultó al juzgado el pasado 14 de julio si era pertinente el pago de este segundo plazo por un “elemental principio de prudencia”, dada la apertura de la investigación judicial. Según fuentes de la SEPI, la aerolínea ya había comunicado al Fondo la necesidad de recibir esta ayuda para mantener la actividad.

Y por esta misma “cautela en el manejo de los recursos públicos” investigados, el Fondo solicitó previamente informes a Deloitte, asesor jurídico que permitió la ayuda a Plus Ultra, y a la Abogacía del Estado. En ambos casos, los informes fueron favorables al desembolso, y la Abogacía del Estado advirtió además de que, de no producirse, se estaría violentando la obligación contractual contraída con la aerolínea. No obstante, la Abogacía del Estado también sugirió informar al juzgado antes de hacer el pago de la cantidad pendiente para dar tiempo a que se adoptaran medidas restrictivas si hacían falta, según informan las mismas fuentes.

Con la intención de actuar “con la máxima transparencia y colaborar con la justicia”, el Fondo de la SEPI remitió también al juzgado un informe elaborado por este organismo para el Tribunal de Cuentas tras la denuncia de Ciudadanos sobre la ayuda pública temporal a Plus Ultra. El partido de Inés Arrimadas alega que la aerolínea cumplió el requisito de no atravesar por dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019 maquillando sus cuentas con un préstamo irregular de una sociedad panameña. En ese informe que remitió la SEPI al juzgado se ha detallado el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel, según informan fuentes de la SEPI.

La Abogacía del Estado llega advertir a la juez de que si no abonan los 34 millones que restan se podrían perder los 19 millones ya abonados. “El apoyo financiero acordado debería desembolsarse en los términos aprobados para conseguir el fin perseguido de permitir la viabilidad de la mercantil solicitante, pues en caso contrario no solo no se conseguiría el fin último perseguido y con ello no se daría cumplimiento al interés general que según el real decreto ley se busca, sino que además, el desembolso ya realizado de 19 millones de euros se vería comprometido al peligrar la viabilidad de la empresa y con ello su devolución en los términos previstos en el Plan de Viabilidad”, señala la Abogacía en su escrito que cita la sentencia.

Respuesta de la aerolínea

La compañía aérea ha respondido este jueves al auto judicial asegurando que “acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición”, y ha recordado en un comunicado que, tras recibir un préstamo ordinario de 19 millones de euros “la financiación restante es imprescindible para dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía”

Asimismo, resaltó que la ayuda es “necesaria” para mantener los 354 puestos de trabajo directos y más de 2.500 indirectos que la aerolínea genera en España, y que esta información ya fue validada en el proceso de petición de financiación a la SEPI por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Reacciones políticas

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que se trata de “un nuevo varapalo judicial a Sánchez”, y ha apuntado que el “cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos”, en referencia a la salida del Gobierno del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuyo departamento tenía la responsabilidad de avalar las ayudas a las aerolíneas.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades por la ayuda pública a Plus Ultra, tras el varapalo judicial. “El rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido y por eso lo denunciamos en Europa y en el Tribunal de Cuentas. Ahora, la justicia ordena suspenderlo. El Gobierno de Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter. El partido naranja ha pedido la dimisión n de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como máxima responsable de la concesión de las ayudas.

En respuesta a las críticas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que la gestión pública “tiene que estar marcada por los principios de prudencia y responsabilidad”, que son los que han guiado la gestión económica del Gobierno de España.

Calviño ha reiterado que el Gobierno ha actuado, tanto en este caso como en cualquier otro, “con prudencia y responsabilidad” y ha recalcado que el Juzgado “lo que ha hecho es dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago”.