La Fiscalía ve indicios de delito por parte de Gonzalo Urquijo en la primera reestructuración de Abengoa
Las denuncias por presunta administración desleal y estafa se acumulan a la causa que ya investiga otra querella contra el expresidente de la multinacional sevillana
La Fiscalía de Sevilla ve indicios suficientes de delito en la gestión desarrollada por el consejo de administración de Abengoa que diseñó la primera reestructuración de la tecnológica sevillana en 2016, cuando estaba presidido por Gonzalo Urquijo y en el que estaba el exministro del PP Josep Piqué. El Ministerio Público pide, además, que se investigue a su sucesor al frente de la compañía, Juan Pablo López-Bravo. Urquijo es desde el ...
La Fiscalía de Sevilla ve indicios suficientes de delito en la gestión desarrollada por el consejo de administración de Abengoa que diseñó la primera reestructuración de la tecnológica sevillana en 2016, cuando estaba presidido por Gonzalo Urquijo y en el que estaba el exministro del PP Josep Piqué. El Ministerio Público pide, además, que se investigue a su sucesor al frente de la compañía, Juan Pablo López-Bravo. Urquijo es desde el pasado marzo consejero delegado de Talgo, puesto en el que sustituyó tras 18 años en el cargo a José María Oriol.
El escrito del fiscal se produce en respuesta a dos denuncias presentadas por sendos accionistas minoritarios en las que se “pone de manifiesto una serie de acuerdos y decisiones adoptadas por el consejo de administración tras la primera reestructuración de Abengoa tendentes a vaciar de valor económico la empresa administrada en pro de los accionistas mayoritarios y a su vez acreedores y en perjuicio de los accionistas minoritarios y de la propia mercantil”. La Fiscalía de Sevilla considera que estas actuaciones pueden suponer delitos de administración desleal, contra el mercado de valores, un delito societario y otro de estafa.
En las denuncias se detallan actuaciones similares consistentes en la venta de activos por un precio bastante inferior de mercado y en la adopción de decisiones “que de forma dolosa agravaron la situación de insolvencia de la compañía” en beneficio de los acreedores. También se señala que “se ocultó y tergiversó” ante el mercado la verdadera situación de la empresa y se vendieron acciones por un valor superior al real, logrando un beneficio de hasta 200 millones de euros en Bolsa a favor de los mayoritarios y en perjuicio de los minoritarios; y se alega que con este modus operandi se buscó traspasar a Abenewco1 los activos más valiosos para vaciar a la matriz y “romper al grupo social”, favoreciendo solo a algunos accionistas y perjudicando a quienes habían vendido las participaciones.
Ambas denuncias —una presentada ante la Fiscalía de Vigo por un particular residente en Pontevedra el 13 de abril de 2021 y otra suscrita por otro accionista minoritario en Madrid el 18 de junio del mismo año—, se han acumulado y se han remitido al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que ya investiga una querella del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea contra el equipo de su sucesor, Gonzalo Urquijo.
Urquijo se hizo cargo de la tecnológica andaluza en 2016 tras la destitución de Benjumea. Estuvo al frente de Abengoa hasta el 17 de noviembre de 2020, cuando fue derrotado por los accionistas minoritarios. Poco después, en enero de 2021, también dimitía como presidente del consejo de administración de Abenewco1. En ese tiempo ultimó dos rescates financieros, en 2017 y en 2019.
El fracaso de la tercera tentativa de rescate precipitó a Abengoa a entrar en un concurso de acreedores autorizado el pasado 23 de febrero. La compañía está a la espera de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorice una ayuda de 249 millones para su filial Abenewco 1, mientras capea sucesivos embates judiciales. El último fue la entrada en su sede sevillana de Palmas Altas de miembros de la Guardia Civil que investigan una presunta estafa de inversores y falsedad contable que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Además de las causas en la Audiencia Nacional y la del juzgado número 8 de Sevilla, el juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital andaluza indaga otra demanda de un grupo de accionistas contra la cúpula de la entidad.