El Gobierno prorroga tres meses las medidas antidesahucios

El fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, no supondrá el decaimiento de las medidas especiales antidesahucios puestas en marcha por la pandemia, como estaba previsto inicialmente. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo prorrogará tres meses las normas que impiden desahuciar a personas vulnerables y el resto de medidas en vigor sobre alquileres, como las moratorias o reducciones de r...

El fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, no supondrá el decaimiento de las medidas especiales antidesahucios puestas en marcha por la pandemia, como estaba previsto inicialmente. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo prorrogará tres meses las normas que impiden desahuciar a personas vulnerables y el resto de medidas en vigor sobre alquileres, como las moratorias o reducciones de rentas. Horas después, Podemos ha exigido que la extensión se aplique al menos hasta el 31 de diciembre, lo que provocará previsiblemente una nueva fricción en el Ejecutivo a costa de las políticas de vivienda. Mientras, PSOE y Podemos han acordado, en la negociación sobre la nueva ley de Vivienda, que los ayuntamientos graven las casas vacías a través del IBI.

Tras una ardua negociación entre los dos socios de Gobierno, el pasado diciembre se aprobó un refuerzo de las medidas antidesahucios para extenderlas a más colectivos vulnerables. Desde el inicio de la pandemia, estas se habían aplicado a inquilinos que habían visto perjudicada su capacidad económica por el coronavirus (por haber quedado en paro o estar en un ERTE, haber reducido jornada para cuidar de otras personas u otras circunstancias análogas que conlleven una pérdida de ingresos que impida hacer frente a la renta). Con el paso de los meses esa medida se consideró insuficiente y se amplió a cualquier hogar considerado vulnerable, aunque ya lo fuera antes de la irrupción del coronavirus. El mecanismo consiste básicamente en que si los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad de los inquilinos, el desahucio se paraliza durante la duración del estado de alarma.

El decreto de diciembre fue más allá e incluso contempló algunos supuestos en los que las personas que ocupan la vivienda no tienen contrato de alquiler ni ningún otro título legal que les permita vivir allí. Así, cuando en el hogar hay víctimas de violencia de género, personas dependientes o menores, el juez debe prorrogar unos meses el desahucio para dar tiempo a las administraciones a buscar una casa donde alojar a esa familia. Este supuesto, que encontró fuerte oposición del sector inmobiliario, se amplió en una reforma de enero también a procesos penales (los lanzamientos o desahucios pueden solicitarse por vía civil o, si se considera que hay delito de usurpación, por la penal) y se refiere básicamente a pisos que son propiedad de empresas o grandes propietarios. Quedan excluidas todas las casas que se acredite que son la primera o la segunda residencia de otra persona o que la entrada en la vivienda se ha hecho mediante violencia o intimidación a otras personas.

Todas esas medidas se justificaron con que, en un periodo en que las autoridades recomendaban a la ciudadanía permanecer el máximo tiempo posible en casa para contener la pandemia, por ejemplo con toques de queda, no tenía sentido dejar a gente en la calle sin un lugar alternativo donde vivir. Por ello se acordó poner como fecha tope aquella en que acabase el estado de alarma. De hecho, algunas de esas medidas, excluyendo las que afectan a los procesos penales, se están tratando en la negociación de la futura ley de vivienda. Pero esta se está retrasando por las divergencias entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidad Podemos, ni siquiera está claro que vaya a llegar un borrador de la misma al Congreso antes del 9 de mayo, y había temor entre algunas organizaciones sociales de que el final del estado de alarma supusiera una avalancha de desahucios paralizados por los jueces en los últimos meses.

Otras medidas

Según ha anunciado Sánchez, la prórroga contemplará también extender el resto de medidas sobre los alquileres, igualmente destinadas en principio a finalizar el próximo mes. Estas básicamente consisten en la prórroga forzosa de seis meses para inquilinos a los que se les acaba el contrato de alquiler y la posibilidad de solicitar moratorias o reducciones temporales de renta por parte de los inquilinos con dificultades. Cuando el casero es un gran propietario (el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros) tiene la obligación de reducir durante un máximo de cuatro meses la renta a la mitad o de aceptar una moratoria por ese mismo periodo, de manera que luego las cuatro mensualidades no percibidas se recuperan prorrateadas en lo que resta de contrato. No obstante, todas estas medidas solo pueden solicitarse una vez, es decir, que no afectan a arrendatarios que a lo largo del último año ya se hayan acogido a las mismas.

De realizarse la prórroga durante tres meses como se ha anunciado, eso significaría que tanto las normas que paralizan algunos desahucios como las de alivio económico de los inquilinos estarían vigentes al menos hasta el 9 de agosto. Pero habrá que esperar al BOE para conocer la fecha definitiva ya que fuentes del Ministerio de Transportes han señalado que el asunto deberá ser consensuado entre los dos socios de Gobierno. De hecho por la tarde, Podemos ha señalado que su planteamiento sería llevar la prórroga hasta que acabe 2021. En la misma, además, les gustaría incluir la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a hogares vulnerables.

En cualquier caso la voluntad del Gobierno, al menos en lo referente a las expulsiones de vivienda, es ir más allá. En la negociación de la ley de vivienda tanto PSOE como Podemos han abogado por establecer un mecanismo similar al existente. Es decir, si el juez tiene constancia por un informe de los servicios sociales de que los inquilinos están en situación de vulnerabilidad, debe paralizar el desahucio un máximo de tres meses para que las Administraciones encuentren una vivienda alternativa a esa familia. Según se anunció en su día, la futura normativa no contemplará en principio los supuestos penales (lo que más revuelo levantó, y que incluso motivó un recurso del PP que el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver).

Estas medidas se aplican fundamentalmente cuando el arrendador es una empresa o un gran propietario, ya que en el caso de los particulares, estos pueden alegar también la necesidad de percibir las rentas de alquiler para no quedar en situación de vulnerabilidad. En ese caso, el juez debe ponderar si decide continuar con el desahucio o no. Además, la paralización tiene siempre un carácter temporal (tres meses en el caso de personas que ocupan la vivienda sin contrato legal) porque el planteamiento es dar una solución temporal para encontrar una alternativa donde vivir a las personas que van a ser expulsadas. Pero el gran problema de España es la falta de vivienda social (el parque sobre el total de casas es apenas del 2,5%, de los más bajos de Europa) lo que hace que ni siquiera en ese plazo se pueda encontrar esa alternativa. Por ello el decreto de diciembre contemplaba unas indemnizaciones para los grandes propietarios que tuvieran que acoger durante más de cuatro meses a una familia como consecuencia de la paralización de un desahucio. Dichas indemnizaciones, sin embargo, quedaron pendientes de un desarrollo normativo que, a punto de cumplirse cuatro meses desde la entrada en vigor de aquel decreto, todavía no se ha completado.

Temor a un repunte de desahucios

La fecha del 9 de mayo estaba en el punto de mira de muchas organizaciones sociales, que alertaban de que podía marcar el inicio de una escalada de desahucios, después de que el año pasado estos cayeran a la mitad (más por la inactividad de los juzgados durante el primer estado de alarma que por las propias medidas). También lo había señalado el Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, ha celebrado el anuncio del presidente. “Pedro Sánchez ha escuchado nuestra demanda”, ha dicho Colau, destacando que la prórroga “es una petición de mínimos”. “Será insuficiente, se ha de aprobar la ley de derecho a la vivienda”, ha añadido la alcaldesa, informa Clara Blanchar.

Este jueves las organizaciones de la iniciativa Por una ley que garantice el derecho a la vivienda han convocado una protesta ante el Congreso en la que estaba previsto pedir precisamente la prórroga de las normas antidesahucios. Dicha plataforma, que agrupa a unas 100 organizaciones —desde sindicatos de inquilinos hasta la Platafoma de Afectados por la Hipoteca y las principales organizaciones sindicales españolas—, también reivindicará que se acelere la elaboración de la futura ley de vivienda, en la que generalmente se muestra más próxima a los planteamientos de Podemos que a los del PSOE.

Ambos socios siguen hablando sobre la misma, una vez incumplido el compromiso de enviar un borrador al Congreso el pasado febrero. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que el tema de los desahucios estará sobre la mesa, aunque en principio no parece que esto afecte mucho a lo anunciado por Sánchez, que previsiblemente se solucionará con una prórroga de las actuales medidas sin introducir modificaciones sustanciales en las mismas. Más espinosos son otros asuntos, aunque también se van cerrando acuerdos. Tras la última reunión celebrada este martes, por ejemplo, quedó claro que el mecanismo para gravar las viviendas vacías (en lo que había consenso) será el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Podemos había apostado inicialmente por crear un nuevo gravamen, pero finalmente se hará permitiendo a los Ayuntamientos que repercutan el ya existente al introducir a esos efectos una definición de lo que es vivienda vacía (actualmente en teoría se puede recargar un 50%, pero el problema de los Consistorios es que al no existir esa definición, la medida es prácticamente inaplicable). Las discusiones se centran en cuánto se recargará dicho impuesto, que el PSOE prefiere dejar en el 50% actual mientras que a Podemos le gustaría elevarlo sustancialmente.