Los hosteleros quieren subvenciones a la francesa

Entre la plaza mayor del municipio oscense de Aínsa y la estación de esquí francesa de Piau-Engaly hay solo 62 kilómetros, un trayecto desde el Pirineo aragonés a las montañas del país vecino de apenas una hora en coche. En tiempos de pandemia, sin embargo, la distancia se antoja un abismo para los dueños de un negocio: los propietarios del restaurante Callizo reciben desde octubre 10.000 euros al mes del Gobierno francés por el cierre obligado de su local Pyrene by Callizo, mientras que apenas han obtenido 2.000 euros del Ejecutivo aragonés en toda la emergencia sanitaria por su otro e...

Entre la plaza mayor del municipio oscense de Aínsa y la estación de esquí francesa de Piau-Engaly hay solo 62 kilómetros, un trayecto desde el Pirineo aragonés a las montañas del país vecino de apenas una hora en coche. En tiempos de pandemia, sin embargo, la distancia se antoja un abismo para los dueños de un negocio: los propietarios del restaurante Callizo reciben desde octubre 10.000 euros al mes del Gobierno francés por el cierre obligado de su local Pyrene by Callizo, mientras que apenas han obtenido 2.000 euros del Ejecutivo aragonés en toda la emergencia sanitaria por su otro establecimiento.

La diferencia entre las ayudas directas concedidas a ambos lados de la frontera en este paraje idílico para la práctica del esquí es el recordatorio de una Europa que responde a la crisis a varias velocidades. “En España solo nos ofrecieron créditos ICO, endeudarnos más”, se queja Ramón Aso, uno de los dueños del restaurante. El anuncio del Gobierno español de que transferirá 2.000 millones de euros a Baleares y Canarias y otros 5.000 al resto de comunidades autónomas para que los dediquen a ayudas directas lo asume con cautela. “Las palabras son bonitas, pero hay que esperar a tenerlo en la pocha”, afirma. El reparto no le convence por obviar las particularidades de la España vacía. “Me parece bien que se dé más a las Islas, pero aquí estamos igual que ellos, y de la España vaciada no se ha hablado nada”, lamenta.

Con la estrella Michelín recibida en diciembre aún por estrenar, y 20 empleados en España pendientes de su reapertura, los dueños se han fijado el 30 de abril como fecha para quitar el candado y volver a recibir clientes tras meses de parón. En ese tiempo, las facturas de la electricidad contratada siguen llegando, dado que no cambiaron la potencia para evitar pagar el coste de subirla de nuevo una vez reabran. En eso también ven diferencias con Francia: los gastos de luz y de impuestos no se los cobraron hasta que les ingresaron la primera ayuda. “En mi entorno en España solo tengo dos amigos que no han pedido un préstamo del ICO, y era porque tenían el restaurante pagado por sus padres. En Francia, un amigo cocinero está cobrando la misma cantidad que si trabajara”, explica.

Aunque el Gobierno español insiste en que ha desplegado en 2020 instrumentos de ayuda por valor del 20% del PIB, entre ellos líneas de avales públicos y moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social, es en las ayudas directas donde las diferencias se reproducen. Y no solo en la hostelería. La librería española Punto y Coma, con sede en el barrio europeo de Bruselas, recibió 4.000 euros tras ser obligada a cerrar en marzo del año pasado, y luego durante el confinamiento su dueño, Roberto Moriana, percibió 1.600 euros al mes como autónomo con familia a su cargo. Reconoce que son un alivio, aunque no cubran las pérdidas. “El día del libro 2020 no pudo celebrarse por el confinamiento y nuestra cifra de negocio ese día supera los 6.000 euros”, calcula. En España, la librería Yorick, especializada en teatro y situada en el barrio madrileño de Lavapiés, ha recurrido a préstamos, pero no ha visto un euro de ayudas directas. “Nosotros simplemente hemos pedido un crédito ICO que en unos pocos meses empezaremos a devolver. Cuando hace meses intentábamos ver qué pasaba, las supuestas ayudas siempre eran para cosas que no necesitábamos”, dice Carlos Gil, su administrador.

“En Portugal no tengo derecho a ninguna ayuda porque me exigen mantener la actividad”

Carmen Baz acumula 21 años y tres grandes crisis en el “muy esclavo” sector de la hostelería. Esta gallega de A Guarda (Pontevedra) de 55 años superó la tragedia del Prestige y el apocalipsis financiero de 2008, pero no recuerda una pelea tan dura como la que libran los bares y restaurantes contra la invasión impredecible del coronavirus. Esta hostelera transfronteriza regenta dos locales: uno en Portugal, que lleva cerrado desde octubre y ha decidido traspasar; y otro en el puerto de su pueblo, el restaurante Xeito, en el que calcula que ha perdido en los últimos 12 meses un 80% de lo que ingresaba.

Hasta ahora Baz no ha cobrado ni un euro en ayudas, ni a un lado ni a otro de la frontera. Por su restaurante luso, que abrió hace dos años en la turística Praia de Âncora con una inversión de 150.000 euros, el Gobierno portugués no le concede ninguno de sus subsidios para pagar el alquiler o compensar pérdidas porque lo cerró en octubre por iniciativa propia, dos meses antes de que fuera obligatorio. Lo hizo porque se acababan los contratos de verano de sus cinco empleados y ella ya veía que la pandemia avanzaba sin freno. “Las de Portugal son ayudas pequeñas, pero yo no tengo derecho a nada porque exigen mantener la actividad”.

Con su negocio en territorio gallego, donde trabajan entre 3 y 8 personas, se quedó fuera de las primeras ayudas de la Xunta porque le faltaba apenas “un punto” porcentual de pérdidas, pero ha vuelto a solicitarlas en una nueva convocatoria y cree que ahora sí cumple los requisitos. Sobre el paquete de 11.000 millones del Gobierno, reclama que lo reparta directamente la Administración central –”por cuantas menos manos pase, mejor”- y que no tenga en cuenta las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. “¿Cómo no va a haber hosteleros que tengan deudas? ¿No se dan cuenta de que si les niegan las ayudas por eso, tendrán más?”, argumenta. Los créditos, añade, tampoco sirven: “Estuve a punto de coger un ICO, menos mal que no lo hice. Los que sí lo pidieron pensando que esto no sería tan largo están hasta el cuello y muchos ya están pidiendo moratorias de pago a los bancos”.

Para hablar del ahogo que están sufriendo las familias que viven de la hostelería, Baz cierra los ojos con tristeza. Ella tiene “una casa que podría vender”, pero otros compañeros “no tienen nada, no podrán reabrir y se quedarán con deudas”. Su casera le ha aplazado el pago del alquiler, “yo te espero”, le dijo, un alivio con el que no todos cuentan. La hostelería, recalca, “no es un sector de ricos”: “Hace años se ganó mucho dinero con esto, pero desde hace una década da para sobrevivir”.