¿Por qué son necesarias las ayudas directas?

Tras mucho debate, el Gobierno aprobó este viernes el Real Decreto-ley que regula las ayudas directas (transferencias no reembolsables) a empresas y otras medidas para reforzar su solvencia. Vamos a centrarnos en las ayudas directas, con un presupuesto de 7.000 millones de euros.

Las medidas adoptadas al comienzo de la crisis para mantener el crédito bancario, incluido el aval público, atacaron eficazmente el problema de la falta de liquidez (por re...

Tras mucho debate, el Gobierno aprobó este viernes el Real Decreto-ley que regula las ayudas directas (transferencias no reembolsables) a empresas y otras medidas para reforzar su solvencia. Vamos a centrarnos en las ayudas directas, con un presupuesto de 7.000 millones de euros.

Las medidas adoptadas al comienzo de la crisis para mantener el crédito bancario, incluido el aval público, atacaron eficazmente el problema de la falta de liquidez (por reducción de ingresos) de las empresas. Lamentablemente, la crisis sanitaria no se ha resuelto, y la caída de los ingresos sigue generando un problema de liquidez a muchas empresas y, cada vez más frecuentemente, amenaza su solvencia. Muchas ya no pueden solucionar esos problemas tan solo aumentando su endeudamiento. Las ayudas directas les darán oxígeno, a la espera de una recuperación completa de la economía.

La reticencia a conceder ayudas directas ha podido deberse al deseo de realizar una buena gestión de los recursos públicos. El problema de fondo es la dificultad de evaluar la viabilidad de las empresas receptoras. El Gobierno se enfrenta al dilema de dar demasiado (con riesgo de “malgastar” una parte, al destinarse a empresas no viables) o demasiado poco (no apoyar empresas viables).

También se ha hablado de un potencial problema de riesgo moral, pero no hay que olvidar que esta crisis se deriva de una pandemia que ha obligado a cerrar o reducir el nivel de actividad de muchas empresas, no de excesos de producción en algunos sectores o de una inadecuada gestión de riesgos por parte de las entidades de crédito. El riesgo moral se mitiga en el Real Decreto-ley denegando las ayudas a empresas que en 2019 hubieran tenido pérdidas y condicionando el destino de las ayudas (mantenimiento de la actividad hasta final de junio de 2022, satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como cobertura de costes fijos), aunque las posibilidades de control de algunas de estas condiciones son limitadas.

¿Pueden ser las ayudas directas un alivio para empresas con un volumen actual de deuda poco sostenible? Esta sostenibilidad depende básicamente del nivel de deuda, de los tipos de interés aplicados a esa deuda y de las perspectivas de ingresos y rentabilidad de esa empresa. El factor más relevante en estos momentos es la reducción de ingresos y rentabilidad y, por tanto, las ayudas directas pueden ser un instrumento eficaz para mitigar temporalmente esa insostenibilidad.

Sobre la cogobernanza que se ha decidido para las ayudas directas, la no aplicación de criterios homogéneos para su concesión puede profundizar el problema que causa la fragmentación de la regulación y que ya han puesto de manifiesto el Consejo y la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo. Algo parecido decía un reciente editorial de EL PAÍS sobre la gestión de los fondos europeos: “El riesgo que el Decreto genera al abrir paso a una dispersión normativa entre comunidades autónomas”.

Las ayudas directas aprobadas son una buena noticia para las empresas españolas y les permitirá recuperar posición competitiva, dado que bastantes socios comunitarios han utilizado más intensamente este instrumento. Habrá que ir evaluando su impacto y suficiencia de manera que se cumplan los objetivos perseguidos.

Antonio Carrascosa es director de la Cátedra EY de la Universidad de Navarra