El Gobierno limitará los desahucios en la futura ley de vivienda

PSOE y Unidas Podemos se proponen ampliar la protección frente a los desahucios en la futura ley de vivienda, mientras las negociaciones sobre la norma siguen encalladas en lo que se refiere a la regulación de los precios de alquiler. Fuentes del partido de Pablo Iglesias han dado a conocer este jueves un acuerdo entre las dos fuerzas del Gobierno de coalición “para frenar los desahucios en la ley de vivienda”. Dicho pacto, han precisado, se ha adoptado en la últi...

PSOE y Unidas Podemos se proponen ampliar la protección frente a los desahucios en la futura ley de vivienda, mientras las negociaciones sobre la norma siguen encalladas en lo que se refiere a la regulación de los precios de alquiler. Fuentes del partido de Pablo Iglesias han dado a conocer este jueves un acuerdo entre las dos fuerzas del Gobierno de coalición “para frenar los desahucios en la ley de vivienda”. Dicho pacto, han precisado, se ha adoptado en la última reunión celebrada entre los equipos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (dirigido por José Luis Ábalos, del PSOE) y los de la Vicepresidencia Segunda (encabezada por Iglesias, de Unidas Podemos). Fuentes de Transportes han confirmado el acuerdo.

No obstante, hay diferencias en cómo se percibe lo que hará la futura ley. Las fuentes de Unidas Podemos han señalado que los dos partidos “avanzan hacia un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el estado de alarma”. En Transportes precisan que lo pactado se refiere solo a procedimientos civiles y, por tanto, deja fuera los penales, que son los que generaron cierta controversia en la normativa aprobada entre los pasados diciembre y enero. Esta, de momento, solo se aplicará hasta la finalización del estado de alarma, prevista para el 9 de mayo.

¿Qué pasará entonces? Salvo que medie una prórroga de la normativa, se volvería a la situación previa a la pandemia. En marzo de 2019, PSOE y Podemos ya pactaron un decreto que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de manera que cuando un inquilino iba a ser expulsado podía declarar su vulnerabilidad ante el juez. Ante eso, el tribunal debe pedir un informe a los servicios sociales, lo que suspende el proceso de desahucio un mes, si el propietario del inmueble es una persona, o tres meses si es una empresa. Superado ese periodo, el procedimiento continúa con normalidad.

Algunos supuestos de okupación

Según Transportes, lo que se ha pactado este jueves es ampliar los supuestos que permiten acogerse a esa medida. Ahora solo se hace referencia al primer enunciado del artículo 250.1 de la LEC, lo que limita esta posibilidad a inquilinos con un contrato de arrendamiento cuyo desalojo se pide por no pagar la renta o por incumplir dicho contrato. En adelante, precisa la misma fuente, eso se ampliará a los enunciados segundo, cuarto y séptimo del mismo artículo. Estos se refieren a cesiones en precario (que alguien haya dejado una casa a otra persona, por ejemplo) pero también a algunos casos de okupaciones u otras disputas sobre quién tiene legitimidad para el uso de la vivienda.

El demandado, por tanto, tendrá en los supuestos anteriores derecho a alegar vulnerabilidad y que se paralice el proceso hasta que haya un informe de los servicios sociales. Aunque esto no será necesario en muchos casos por una segunda modificación que quiere introducirse: concretamente que el juzgado tenga que pedir de oficio el informe a los servicios sociales en el momento de aceptar a trámite la demanda.

El hecho de que esto se acote a la LEC deja fuera, lógicamente, los procedimientos penales. En Transportes consideran que se trata de un supuesto con poca incidencia real para okupaciones. Estas, en cualquier caso, pueden denunciarse por la vía penal (más lenta) recurriendo a la figura de la usurpación. Estos supuestos nunca se refieren a la entrada en viviendas que son residencia habitual o secundaria de alguien, lo que supone un allanamiento de morada y tiene consecuencias penales más graves. El acuerdo alcanzado este jueves incluirá también la posibilidad de solicitar un informe de vulnerabilidad en procesos penales, pero sin que eso suponga la paralización de los plazos. Siempre según fuentes de Transportes, donde consideran que la reunión de este jueves ha sido “fructífera” y señalan que los acuerdos en materia de desahucios están “a falta de algunos ajustes”.

El avance en este campo no significa, sin embargo, que el borrador de la futura ley esté más cerca. Fuera ya del plazo que se habían dado para llevar el texto al Consejo de Ministros e iniciar la tramitación parlamentaria de la norma, el principal escollo entre los dos socios de Gobierno se mantiene. “El PSOE ha acudido a la reunión, una vez más, sin ninguna propuesta de alquileres”, dicen las fuentes de Unidas Podemos, que expresan “preocupación sobre el hecho de que el socio no haya compartido, una vez más y tras dos meses de negociación, una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas”. En las últimas semanas, los choques por esta cuestión han sido continuos: la parte socialista del Ejecutivo se ha mostrado partidaria de poner incentivos fiscales a propietarios que alquilen por debajo de los precios de mercado, mientras que Podemos apuesta por poner topes de rentas.