La tercera ola amenaza la ya precaria situación financiera de las empresas

La tercera oleada del virus amenaza la ya precaria situación financiera de las empresas más golpeadas por la pandemia. Aunque el Gobierno y la banca confían en que los préstamos del ICO están siendo efectivos para resolver los problemas de liquidez, el Banco de España y diversos expertos advierten del riesgo de que nuevas restricciones a la actividad acaben teniendo efectos inesperados sobre la solvencia. Los problemas están muy localizados en pymes y sectores como el turismo, la hostelería, el transporte o el comercio, que son los que más han tirado de los ERTE y que además tienen un peso ele...

La tercera oleada del virus amenaza la ya precaria situación financiera de las empresas más golpeadas por la pandemia. Aunque el Gobierno y la banca confían en que los préstamos del ICO están siendo efectivos para resolver los problemas de liquidez, el Banco de España y diversos expertos advierten del riesgo de que nuevas restricciones a la actividad acaben teniendo efectos inesperados sobre la solvencia. Los problemas están muy localizados en pymes y sectores como el turismo, la hostelería, el transporte o el comercio, que son los que más han tirado de los ERTE y que además tienen un peso elevado en algunas comunidades.

Las vacunas han abierto un horizonte de esperanza. Sin embargo, la economía todavía tendrá que sufrir mientras llega el final de la pandemia. Queda al menos una primera mitad del año marcada por más restricciones que perjudicarán otra vez las cuentas de las empresas y que, según advierten los expertos, podrían generar problemas de solvencia.

Pese a que en su conjunto el aumento de la deuda empresarial no ha sido alarmante, el incremento está muy concentrado en los sectores más damnificados por la pandemia. Y eso genera una situación de gran vulnerabilidad, subraya Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. Este hecho se antoja incluso más preocupante cuando se tiene en cuenta que esos sectores son los que más han usado los ERTE y que hay regiones muy dependientes de ellos.

El Banco de España ha mostrado su preocupación por una nueva vuelta de tuerca que produzca efectos inesperados. El director de Economía del supervisor, Óscar Arce, ha explicado que los ERTE pueden ser una herramienta insuficiente para apoyar a las empresas. Hacen falta más ayudas directas y diseñar medidas para atacar los problemas de solvencia que puedan surgir, ha afirmado en varias intervenciones recientes.

La sostenibilidad de la deuda es una ratio entre la carga financiera y los ingresos de la compañía. En sus simulaciones, el Banco de España calcula que la mitad de las empresas podrían haber entrado en pérdidas en 2020. Y en los sectores más golpeados ese porcentaje puede ascender hasta un 75% de empresas con números rojos. Además, el 40% de las empresas estarían sufriendo una presión financiera alta, esto es, no ganan lo suficiente para afrontar sus costes financieros.

Pese a todo ello, el porcentaje de morosidad en las pymes ha permanecido estable en torno al 7%. La mora ha aumentado algo, pero se ha tapado porque también ha crecido el crédito. Por el momento las empresas pagan gracias a los ICO. Y el problema también está escondido por la moratoria que suspende la obligación de declarar el concurso de acreedores.

El Gobierno y la banca no ven de momento un problema financiero grave en el sector empresarial. A pesar de la brutal caída de la actividad, el aumento de deuda ha sido relativamente escaso en proporción al tamaño de la economía: en su conjunto, las empresas han elevado su endeudamiento en unos 58.000 millones, un 5% del PIB. Y esto en gran parte se ha visto compensado con un incremento de sus ahorros: los depósitos corporativos han crecido en unos 40.000 millones. Es decir, en el neto la deuda global solo ha repuntado en casi 20.000 millones, algo que en términos macro se considera manejable.

Tampoco se han detectado grandes necesidades financieras. En gran medida porque se han inyectado unos 110.000 millones en préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Conforme se avanzaba en la pandemia, estos se han ido ampliando y reajustando, para que sirvan más a las pymes, a empresas del mercado alternativo bursátil o, incluso, a compañías en procesos concursales que cumplen con sus pagos. Y todavía quedan por usar cerca de 40.000 millones de las dos líneas de avales.

Fuentes financieras reconocen que sí hubo gran preocupación por los plazos de los ICO. Pero se resolvió con un alargamiento hasta dos años del periodo de carencia y de hasta ocho años para devolver los créditos. En el fondo se trata de una reestructuración que hace muy llevadera esa carga de deuda, señalan. En los círculos financieros la operación del ICO se considera un éxito. De hecho, cabe deducir del escaso incremento de la deuda que ha habido una transferencia del riesgo que estaba en las cuentas de los bancos a las del Estado.

Sin embargo, no todos comparten ese diagnóstico optimista. “¿Qué pasará cuando emerjan las necesidades de financiación de este año y los bancos tengan en sus manos las cuentas de las empresas de 2020? En muchas pymes con una salud financiera deteriorada es muy probable que la entidad tenga que rechazar el crédito incluso con un 80% de aval del ICO”, apunta Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas. Y añade: “Tenemos que prepararnos por si un escenario así se hace realidad”. En este sentido, la rapidez de la vacunación será decisiva para evitar consecuencias mayores sobre las empresas. Las cuentas de cotización de la Seguridad Social revelan que a fecha de noviembre habían desaparecido unas 40.000 por la pandemia. Y cuanto más dure, más pueden caer.

Arce, del Banco de España, destaca tres formas para prepararse: en primer lugar, ampliar las ayudas para las empresas. Segundo, facilitar la reestructuración de deudas. Y tercero, agilizar los procesos concursales.

Las ayudas del Gobierno han permitido que las compañías se ahorren costes laborales. Pero no han atajado el resto. Las ayudas al alquiler y fiscales han sido muy limitadas, denuncian las patronales, lo que ha provocado que hayan tenido que contraer deuda solo para subsistir soportando una parte de sus costes fijos mientras la demanda se desplomaba. En un principio se recurrió al crédito pensando que era algo temporal. Pero ahora serán al menos seis meses más que sumar a un año ya muy malo. En otros países como Alemania no han tenido que recurrir a los préstamos avalados por el Estado porque han recibido mayores ayudas y ahora se encuentran en una situación mejor y más saneada.

Algunos expertos destacan que el Presupuesto de 2021 ha aumentado mucho el gasto estructural de los ministerios, y sugieren que quizá se podría dejar de ejecutar una parte para redirigir estos recursos a los más afectados del tejido productivo.

Por otra parte, las empresas que padecen el sobreendeudamiento contratan e invierten menos. De ahí que haga falta un esquema para reestructurar la deuda cuando sean viables. En Valencia se está preparando un fondo para ello. Y en Francia también.

Según un estudio recogido en Funcas de Óscar Jordá, economista de la Reserva Federal de San Francisco, un mal sistema de insolvencias puede agudizar las recesiones. Conscientes de esto, Economía y Justicia ya están mirando cómo agilizar estos procesos para que no queden atrapados ahí los recursos.

Valencia prepara un fondo para reestructurar deudas

Ante los problemas de sobreendeudamiento, la Generalitat valenciana está orquestando, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, un fondo para reestructurar deudas de empresas bautizado como Impulsa. La idea consiste en que este fondo negocie con la banca una reducción de la deuda de las empresas ayudadas. A cambio, el fondo asume una parte del endeudamiento considerado no sostenible con un préstamo participativo. Así, el banco reconoce una pérdida menor. Y la empresa convierte parte de la deuda en un préstamo participativo, que cuenta como fondos propios porque es el último a la hora de reclamar en caso de insolvencia y su retribución varía en función de cómo va la compañía.

La Generalitat pone para el fondo 25 millones de euros, y el sector privado 35. Es decir, el capital privado es mayoría, gestiona y tiene que velar por su propia rentabilidad seleccionando los proyectos. A través de un concurso, las gestoras se harán con el mando y tendrán que conseguir los 35 millones.

El objetivo son operaciones valoradas en un millón de euros para arriba. Los préstamos tendrán una duración de largo plazo con un tipo de interés acorde al riesgo asumido. De esta forma solo acudirán aquellas compañías que realmente lo necesiten. Las empresas ayudadas tendrían que haber sido solventes en 2019 y consideradas viables siempre que se rebaje la carga financiera. Se exigirá además un rating independiente emitido por agencia. Y se espera que acudan sobre todo los sectores más golpeados. “Se trata de un mecanismo de mercado impulsado por la administración en el que se refuerza la solvencia de las empresas a cambio del cobro de un interés”, explica Illueca.