Desconfianza ante el nuevo Gobierno

El mundo es un lugar extraño. Un virus letal se extiende mientras el planeta se esfuerza inútilmente en cerrar fronteras; el Reino Unido dice adiós a la Unión Europea, y en España, un Gobierno que ha sido tildado de “izquierda radical” sella una nueva subida del salario mínimo con pleno acuerdo de la patronal. Todo ha ocurrido esta semana.

Cuando Deloitte realizó el t...

El mundo es un lugar extraño. Un virus letal se extiende mientras el planeta se esfuerza inútilmente en cerrar fronteras; el Reino Unido dice adiós a la Unión Europea, y en España, un Gobierno que ha sido tildado de “izquierda radical” sella una nueva subida del salario mínimo con pleno acuerdo de la patronal. Todo ha ocurrido esta semana.

Cuando Deloitte realizó el trabajo de campo para elaborar la nueva oleada del Barómetro de Empresas (entre diciembre de 2019 y principios del mes pasado), la formación del actual Gobierno todavía no se había cerrado, pero los empresarios bramaban contra la gestión de Pedro Sánchez en el Ejecutivo en funciones tras la segunda llamada a las urnas. La conclusión, guste o no, es demoledora. Un 66% considera que el resultado de las últimas elecciones generales es malo para la economía española y un 48% piensa que impactará negativamente en su empresa. Las que peor lo califican son las firmas de hostelería y turismo (el 75% lo valora negativamente), inmobiliarias y las de la construcción. Cataluña sigue siendo una fuente de preocupación: una abrumadora mayoría cree que el conflicto sigue afectando negativamente a la economía.

Los deberes que los consultados ponen al nuevo Ejecutivo empiezan, por este orden, por invertir más en investigación, en fomentar la natalidad, en incentivar las exportaciones y, ojo, en “el fomento de la competencia”, síntoma de todas las minas que siguen lastrando el funcionamiento del mercado. Después citan la mejora de la educación, la “liberalización del mercado laboral y la inversión pública en infraestructuras, sanidad y salud”. Una lista que requiere de grandes cantidades de dinero público, pero, eso sí, combinada con bajadas en todos los impuestos.

Luis Garvía, profesor de Finanzas en Icade, dice sentirse con la obligación de ser optimista, pero cree que, “de momento, el nuevo Gobierno ha aprobado medidas estéticas que arrojan mayor gasto público en pensiones y funcionarios. Ha estado más preocupado por la estética que por contenidos presupuestarios”. El salario mínimo ha sido fuente de un agrio debate, y desde la propia CEOE dicen que todavía está por ver “cómo se materializan las políticas económicas recogidas en el programa de Gobierno, en el sentido de qué cuestiones se van a priorizar, con qué calado y cómo impactarán en los niveles de déficit”.

Surfear el fin de ciclo económico desde el poder no va a ser fácil. Los autónomos, en palabras de su presidente, Lorenzo Amor, estallan contra los aumentos salariales. “El 41% de los trabajadores con SMI son contratados por autónomos y pequeñas empresas. Esto es el pequeño bar, la peluquería… Entre 2017 y 2019 el SMI ha subido un 34% y ningún beneficio ha crecido eso”. El año pasado los autónomos declaraban a Hacienda que ganaban menos que antes de la crisis. ¿Se esconden los rendimientos? “En un colectivo de 3,5 millones puede haber el mismo fraude que en el de pensionistas, o en parados que están trabajando. El fraude fiscal hay que combatirlo”, tercia Amor. En relación con esto, la encuesta también ha preguntado por otro aspecto importante: la necesaria transparencia que deben de cumplir las empresas en sus estados financieros y los sistemas de control para evitar el fraude. Todavía hay un 48% que declara que su compañía es “poco o algo transparente”. Cuatro de cada diez no tienen régimen sancionador cuando se detecta internamente un problema relacionado con la corrupción. Y eso que muchas de las que exportan viven en contacto con el fraude: el 81% señala que la corrupción es moneda común en Latinoamérica y el 46% en países asiáticos.

De vuelta a casa, los empresarios piden una cosa: que se genere confianza, algo que no solo se consigue con un apoyo parlamentario suficiente. El salario mínimo seguirá creciendo, si se cumplen las previsiones del Gobierno. En empresas como Vegalsa-Eroski, que factura más de 1.000 millones de euros, están muy contentos por ello. “Su subida por encima del IPC tendrá un impacto positivo sobre la renta de las familias, generando una expectativa positiva en el consumo, lo que puede incrementar la demanda interna en los próximos trimestres”, vaticina su director general, Joaquín González. Dos terceras partes de la economía dependen de esa demanda, que también va a verse fortalecida por las entradas de inmigrantes.

Mientras, las patronales piden que termine la crispación. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, apoya a Antonio Garamendi en su camino de diálogo con el nuevo Gobierno. Cree que la confrontación extrema no sirve para poner las cosas en su sitio y pide diálogo. ¿Genera eso broncas internas en las organizaciones? “Que haya fricciones es inevitable, cada uno defiende sus posiciones. Los empresarios somos especialistas en superar momentos complicados”.

Lo mismo piensa el profesor de Icade. “A cualquier Gobierno hay que darle 100 días. Los empresarios no son malos, los trabajadores tampoco, tenemos que pasar de esquemas competitivos a cooperativos”.