Escrivá plantea ampliar a 35 el número de años utilizados para calcular la pensión

Empiezan a crecer los frentes internos en el área económica del Gobierno. A la subida o no del salario mínimo en 2021, hay que añadir una propuesta del Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá para incrementar hasta los 35 el número de años que se toman para calcular la pensión inicial de quien se jubila. ...

Empiezan a crecer los frentes internos en el área económica del Gobierno. A la subida o no del salario mínimo en 2021, hay que añadir una propuesta del Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá para incrementar hasta los 35 el número de años que se toman para calcular la pensión inicial de quien se jubila. Este parámetro del sistema de pensiones ya está creciendo en la actualidad: llegará a 25 años en 2022. La propuesta se ha debatido en la comisión delegada de asuntos económicos y ya ha provocado choques, apuntan fuentes del Ejecutivo.

Ante este enfrentamiento en el seno del Gobierno, el debate se ha aplazado por ahora. Así que la propuesta, adelantada este lunes por El Mundo, todavía no ha llegado a la mesa de diálogo social, donde se están debatiendo ya detalles de la próxima reforma de pensiones, después de que el Congreso aprobara las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Aumentar la cantidad de años que se emplean para calcular la pensión hasta los 35 ha sido una de las alternativas que ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal recientemente. La medida, en teoría, supone una rebaja en la pensión inicial de los nuevos jubilados y podría reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según un indicador construido por la OCDE. Ese porcentaje se sitúa bastante por encima de la media del conjunto de países que integran esta organización (53,4%).

La ampliación del llamado periodo de cómputo es una de las medidas a la que más se ha recurrido en las reformas de pensiones. En 1985 se tomaban solo dos años y entonces se elevó a ocho. La última vez fue en la reforma de pensiones de 2011, que estableció su ampliación de 15 a 25 años entre 2013 y 2022.

Sobre el papel, esta medida supone pensiones menores porque los trabajadores suelen tener peores contratos y peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos. Pero este no es el único parámetro sobre el que se calcula una pensión. En las últimas décadas la prestación media inicial ha crecido porque, pese a haberse ampliado el número de años de cómputo, también influyen otros elementos como las bases de cotización. Además, la norma tiene una excepción grande: los trabajadores despedidos en los últimos años de su vida laboral. Este colectivo ve cómo sus bases de cotización menguan en ese momento próximo a la jubilación y les conviene tomar más años para el cálculo.

Al preguntarle sobre la reforma y sus detalles, Escrivá ha respondido que quería ser discreto, puesto que ahora está abierta la negociación con los agentes sociales. En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, añadió que en este proceso de reforma interviene el Parlamento con el informe del Pacto de Toledo, sindicatos y empresarios y Bruselas.

Unidas Podemos está muy molesto por esta propuesta que no esperaba y que no está en el acuerdo de Gobierno con el PSOE ni está negociada al máximo nivel entre los líderes, según fuentes de esta formación. Se trata de una cuestión muy sensible en la que Unidas Podemos parece dispuesto a dar una batalla importante.

Los negociadores en la reforma de pensiones de CC OO y UGT confirmaron que esa propuesta no está sobre la mesa de diálogo social. El responsable de Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, ha recordado que algo así “no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se cayó en la última redacción”. En el documento aprobado hace unas semanas se habla de evaluar el impacto del actual aumento del periodo de cómputo e, incluso, se apunta la posibilidad de elegir los mejores años, recuerda uno de las parlamentarias de la comisión que elaboró las recomendaciones.

Bravo cree que esta medida, de llevarse a la práctica, sería desleal. Este sindicalista y su homóloga de UGT, Mari Carmen Barrera, no ven el problema en que se debata en el Gobierno, sino en que llegue a Bruselas sin pasar por las negociaciones ahora abiertas.