Una década de austeridad
La mayor parte del déficit público estructural se concentra en las pensiones
Tras el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea publicó ayer su escenario de otoño. Bruselas espera para 2021 un crecimiento del 5%, la mitad que la previsión del Gobierno español. Nunca Madrid y Bruselas habían estado tan distantes. Más allá del PIB, la Comisión espera que la tasa de paro siga en 2022 próxima al 17%, y que haya unos 750.000 empleos menos que en 2019, estimados a tiempo completo equivalente.
La Comisión tiene el mandato de hacer cumplir las reglas fiscales europeas, por lo tantos sus previsiones de déficit y deuda pública son muy relevantes. En 2021 ya han an...
Tras el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea publicó ayer su escenario de otoño. Bruselas espera para 2021 un crecimiento del 5%, la mitad que la previsión del Gobierno español. Nunca Madrid y Bruselas habían estado tan distantes. Más allá del PIB, la Comisión espera que la tasa de paro siga en 2022 próxima al 17%, y que haya unos 750.000 empleos menos que en 2019, estimados a tiempo completo equivalente.
La Comisión tiene el mandato de hacer cumplir las reglas fiscales europeas, por lo tantos sus previsiones de déficit y deuda pública son muy relevantes. En 2021 ya han anunciado que los países no tienen que cumplir el Pacto de Estabilidad, por lo que la previsión relevante es la que hacen para 2022. Estiman para ese año un crecimiento del PIB también del 5%, por lo que su previsión está en el rango optimista. Sin duda una señal para no empeorar significativamente las estimaciones de déficit y, sobre todo, de deuda pública y no asustar a los halcones del Consejo Europeo, que tendrán la mitad de deuda pública sobre PIB que los países periféricos.
Aún así el escenario fiscal para 2022 es desolador. El déficit público seguiría próximo al 8,5% del PIB. El déficit primario, excluyendo el pago de intereses, próximo al 5%. Y el estructural, aislando el efecto del ciclo económico, próximo al 7%. El mecanismo preventivo europeo exige a los países que incumplen el pacto un ajuste estructural del 0,5% del PIB anual. España, igual que el resto de países, está pagando la pandemia y la crisis con deuda. Y después de la crisis vendrán muchos años de austeridad.
La mayor parte del déficit público estructural se concentra en las pensiones. Según el Banco de España, congelando las pensiones el peso del gasto de esta partida seguiría en 2025 en el 11% del PIB. Si se revalorizan con el IPC, aumentaría hasta el 12%. La mayoría de los partidos están a punto de blindar las pensiones en el Pacto de Toledo. Por lo tanto, los recortes volverían a ser en sanidad, educación, inversión pública y ciencia e innovación, como en la crisis anterior. Además, sería necesaria una reforma fiscal que aumente la recaudación, como hicieron en la crisis anterior tanto la izquierda como la derecha. Lo único que ha sido transversal en la última década han sido los recortes y las subidas de impuestos.
Según el Banco de España, sin ajuste fiscal estructural la deuda pública no bajaría del 130% del PIB hasta 2035. Sería necesario conseguir un superávit primario, crecimiento del PIB y los ingresos públicos elevados y que el BCE mantuviese los tipos de financiación históricamente bajos para reducir la deuda pública. Aún así no bajaría del 100% del PIB antes del 2030 y serían necesarias reformas para aumentar el potencial de crecimiento para conseguirlo.
Nuestros políticos se rodean de asesores de comunicación que les construyen relatos alejados de la realidad. Pero la realidad es como un grifo mal cerrado; empieza manchando el fregadero, pero acaba perforando el acero inoxidable.