La Generalitat quiere pedir a la UE un informe sobre la fusión de CaixaBank y Bankia
Al Ejecutivo catalán la preocupa cómo puede afectar la operación a la clientela y el empleo
El Gobierno catalán ha demandado a los servicios jurídicos de la Generalitat de la opción de pedir a la Comisión Europea un informe sobre las repercusiones de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Al Ejecutivo, según ha afirmado su portavoz, Meritxell Budó, le preocupa cómo puede afectar la concentración de entidades sobre la clientela, sobre el empleo y sobre cómo se decide dónde se ubicarán los servicios centrales del banco saliente.
“Nos preocupa”, ha dicho Budó, quien asume as...
El Gobierno catalán ha demandado a los servicios jurídicos de la Generalitat de la opción de pedir a la Comisión Europea un informe sobre las repercusiones de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Al Ejecutivo, según ha afirmado su portavoz, Meritxell Budó, le preocupa cómo puede afectar la concentración de entidades sobre la clientela, sobre el empleo y sobre cómo se decide dónde se ubicarán los servicios centrales del banco saliente.
“Nos preocupa”, ha dicho Budó, quien asume así las tesis expresadas la semana pasada por el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, quien, además de expresar su voluntad de que CaixaBank recuperara su antiguo domicilio social en Barcelona, mostró su preocupación por que una entidad de mayor tamaño pudiera perder su conexión con el tejido económico y empresarial catalán.
Existe preocupación en la Generalitat por el lugar dónde la nueva entidad ubicará la mayor parte de sus servicios centrales, pese al hecho de que CaixaBank duplica por tamaño a Bankia. En ese sentido, Budó ha asegurado que se trata de “empleos cualificados” y que, además, la absorción bancaria “pone en riesgo” el futuro de 8.000 puestos de trabajo.
La Generalitat, que no se enteró de la operación hasta el pasado viernes por la noche y no le fue transmitida por CaixaBank hasta el viernes, mantiene una relación compleja con la entidad desde que el banco fue una de las entidades que lideró la salida de empresas de Cataluña en octubre de 2017, en pleno desafío secesionista tras celebrar el referéndum independentista ilegal.