México exprime el aparato estatal en busca de fondos frente a la pandemia

México prefiere remendar el vestido a invertir en uno nuevo para enfrentar la crisis del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por extender programas ya existentes, entre ellos la ampliación de microcréditos para dos millones de medianas y pequeñas empresas y de los apoyos a agricultores. ...

México prefiere remendar el vestido a invertir en uno nuevo para enfrentar la crisis del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por extender programas ya existentes, entre ellos la ampliación de microcréditos para dos millones de medianas y pequeñas empresas y de los apoyos a agricultores. La negativa de suscribir deuda, tomar créditos de instancias internacionales o emprender una reforma fiscal ha metido al Ejecutivo en una camisa de fuerza para financiar esas medidas. Por descarte, las autoridades han emprendido una cuestionada senda de austeridad y recortes que la mayoría de expertos consideran insuficiente para enfrentar una crisis de estas dimensiones.

“Gracias al combate a la corrupción y a la austeridad, hay dinero en caja. No tenemos necesidad de pedir créditos”, dijo López Obrador el viernes. Así descartaba, por ejemplo, hacer uso de la línea de crédito de 61.000 millones de dólares que el país tiene disponible con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Unos días antes, el mandatario había ordenado la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. El decreto ponía en la mira a 338 instrumentos que concentran más de 740.572 millones de pesos (31.151 millones de dólares), una octava parte del presupuesto federal para 2020. “Estamos hablando de miles de fideicomisos guardaditos por todos lados sin control, sin supervisión”, expresó el mandatario. Al anunciarlo, estimó en 250.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares, el monto que se podía recuperar.

Sin embargo, el volumen de recursos susceptibles de acabar en las arcas del Gobierno puede ser menor; alrededor de 180.000 millones de pesos, unos 7.570 millones de dólares que suponen el 0.6% del PIB, según estiman los expertos. El analista Manuel Guadarrama, del centro de investigación Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), señala que gran parte de los fideicomisos no puede ser eliminado. “Muchos están ligados a compromisos ineludibles del Estado como el pago de pensiones o de prestaciones laborales y otros están contemplados en una ley. Estas limitaciones hacen que el monto de dinero termine reducido”, explica. Para el economista Carlos Brown, lo recaudado por esa vía puede servir para una “respuesta inmediata”, pero será insuficiente “si se aplana la curva de contagio y la suspensión de la actividad económica se extiende por más tiempo”.

Más allá de su suficiencia o no para atender una crisis sanitaria en ascenso en México— el país suma 686 muertes y 8.261 casos positivos—, parte de que estos recursos han resultado vitales para cubrir programas de ciencia, cultura y educación en el país. Uno de los puntos más sensibles se cierne sobre los 99 fideicomisos que administra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que reúnen unos 22.000 millones de pesos, (920 millones de dólares). El gremio científico teme que al menos un 50% de este monto sea reintegrado a la Tesorería para atender la pandemia, en detrimento de los centros de investigación. “El efecto primordial sería una reducción progresiva de la capacidad de hacer investigación por falta de recursos”, señala el investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, David Romero.

El catedrático también lamenta el hermetismo con el que el Conacyt, la principal institución en la materia en el país, ha manejado esta reingeniería en los fondos científicos. La directora del organismo, María Elena Álvarez-Buylla, aseguró escuetamente a través de su cuenta de Twitter que “no se debilitará el desarrollo científico y tecnológico del país”. El mensaje fue publicado tras la reunión que sostuvo con los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública este sábado. Aunque el plazo para devolver los recursos de los fideicomisos extintos venció el pasado 15 de abril, la Administración de López Obrador no ha dado a conocer el listado de los fideicomisos extintos ni el monto que se reintegró a la Tesorería para atender la crisis sanitaria.

Recortes operativos y renuncias salariales

Además de la eliminación de fideicomisos, López Obrador ha propuesto dar una nueva vuelta de tuerca a sus medidas de austeridad. Hace una semana, puso sobre la mesa el recorte del 50% en los gastos operativos de la burocracia federal y la reducción salarial y la eliminación del aguinaldo para los cargos medios y altos del funcionariado. Tras recibir críticas por la cuestionada legalidad de estas dos últimas medidas, el mandatario aclaró que sería una renuncia “voluntaria”. Una funcionaria con 15 años de experiencia y rango de directora asegura a este periódico que se enteró de ello por los medios y que todavía no se lo han comunicado oficialmente. “El aguinaldo es un mes y medio de salario; si te quitan eso es un golpe muy fuerte”, dice.

Los expertos alertan sobre la pretendida voluntariedad de esa renuncia. El especialista en derecho laboral Alfredo Sánchez-Castañeda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera legalmente “imposible” retener aguinaldos o reducir salarios al estar ya incluidos y aprobados en la ley de presupuestos de este año. “Puede haber una presión política para que alguien renuncie una vez recibido”, dice. “Si hay evidencias de que te están obligando a ello, sí puede haber recursos legales”. Dos despachos de abogados consultados afirman haber recibido decenas de solicitudes de información de parte de funcionarios preocupados, algunos de ellos por haber sido objeto de despidos en las últimas semanas.

La efectividad de la política de recortes, ya iniciada el año pasado, también está a debate. Según un análisis de la ONG México Evalúa para 2019, la mayoría de Secretarías se desvió de las metas de reducción de gasto y al menos seis de ellas lo hicieron por gastar más de lo previsto. Incluso la Secretaría de la Función Pública, que está en el centro de la política de ahorros, gastó un 47% más de lo aprobado en el presupuesto para ese año. “La austeridad ha sido más un decreto que una estrategia operativa”, sostiene la analista Mariana Campos. “No se puede generar austeridad cuando no has adoptado avances tecnológicos en tus procesos. Eso requiere una inversión inicial”.

La mayoría de los expertos coinciden en la insuficiencia de los recursos logrados a través de la eliminación de fideicomisos y los recortes. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) Héctor Villarreal habla de una “paradoja de la frugalidad”. “México puede terminar con un déficit primario más grande de lo esperado por la contracción de la economía más que por los programas de estímulo”, explica. El FMI sitúa las medidas fiscales decididas por el Gobierno en menos del 1% del PIB, una de las respuestas más débiles de la región y en línea con economías mucho más pequeñas como Honduras. El paquete de Brasil supera el 6% del PIB.

La debilidad de la respuesta contrasta con la postura expresada por el secretario de Hacienda Arturo Herrera antes del estallido de la epidemia, cuando se había mostrado partidario de medidas contracíclicas ante el estancamiento económico. Tras participar en la reunión anual del FMI el miércoles pasado, el secretario declaró que uno de los acuerdos había sido utilizar “todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles”, compromiso que hasta ahora no se ha traducido en acciones. Carlos Brown apunta a la dificultad de cuantificar la respuesta: “México no ha puesto cifras sobre el coste del paquete para las finanzas públicas y es difícil hacer una comparativa; solo se ha hablado en términos de nuevos puestos de empleo”.

El último intento del Gobierno para conseguir fondos se ha topado con un muro. El presidente quería que el Banco de México le adelantara las ganancias producto de la depreciación del peso frente al dólar, remanentes que habitualmente son reintegrados a la Tesorería a principios del año siguiente. En 2016 supusieron 320.000 millones de pesos, un 1,5% del PIB. La reunión del presidente con el gobernador del banco el jueves pasado se saldó con un comunicado de la institución financiera en el que destaca “la importancia de observar los procedimientos y los tiempos”.

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