La Abogada de la UE descarta la conversión automática de interinos en fijos
Las conclusiones de la jurista Kokott piden un castigo "efectivo y disuasorio" ante los abusos en la contratación temporal de la Administración
La Abogada General de la UE cree que la ley española y la interpretación de los jueces cuando los interinos encadenan contratos temporales van contra las normas comunitarias. Eso da pie a abusos en la Administración que deben castigarse de forma “efectiva y disuasoria”. Pero rechaza que eso pase por convertir a los interinos afectados en fijos: “Tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública”, advierte en sus recomendaciones al Tribunal de Luxemburgo.
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La Abogada General de la UE cree que la ley española y la interpretación de los jueces cuando los interinos encadenan contratos temporales van contra las normas comunitarias. Eso da pie a abusos en la Administración que deben castigarse de forma “efectiva y disuasoria”. Pero rechaza que eso pase por convertir a los interinos afectados en fijos: “Tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública”, advierte en sus recomendaciones al Tribunal de Luxemburgo.
El excesivo uso que las Administraciones españolas hacen del empleo temporal ya ha recibido varios varapalos en los tribunales de justicia europeos. Este jueves recibieron otro: la Abogada General de la UE publicó ayer sus conclusiones ante varios casos que dos juzgados madrileños han remitido a Luxemburgo. Sus recomendaciones, previas a la sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE), no son vinculantes, pero suelen coincidir con lo que fallan luego los jueces.
Concretamente, la jurista alemana Juliane Kokott ve contrario a la directiva europea que la norma española permita la renovación de nombramientos temporales para prestar servicios temporales, cuando, en realidad, ocupan puestos de trabajo estructurales y no hay mecanismos legales que eviten ese abuso. Tampoco comparte que la interpretación que de ella hacen los jueces, “sin valorar adecuadamente las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio en el caso concreto”, apunta el informe de la abogada.
La letrada da su opinión a las preguntas prejudiciales que presentó un juzgado español a raíz de varios casos de interinos de la Administración española que denunciaron su situación. En el documento, Kokott utiliza el caso de un informático, que entró como interino en 1999 en el Servicio Madrileño de Salud. 17 años después reclamó que la Comunidad le reconociera como fijo. La petición fue rechazada y el empleado presentó una denuncia. La abogada también usa otros casos similares remitidos por el juzgado 14 de lo Contencioso-administrativo de Madrid. El caso del informático es del juzgado 8.
Para solucionar este abuso, que afecta a centenares de miles de interinos, la letrada Kokott descarta que la conversión de estos trabajadores en fijos de forma automática sea una solución: “Esto tendría graves consecuencias para el acceso a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en cuestión el objetivo de los procesos de selección”.
Sanción disuasoria
La propuesta de la abogada Kokott para reconducir la situación es que el afectado tenga derecho a seguir en el puesto de trabajo hasta que se cubra la plaza en un proceso selectivo —esto ya sucede de los llamados indefinidos no fijos— y, además, cobrar una “indemnización por los perjuicios causados por el abuso”. Además, reclama “un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio” contra la Administración: “Cabría pensar en una obligación adicional de pago de una indemnización por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. Los juzgados remitentes deberán valorar si la indemnización por despido improcedente satisface esas exigencias”.
En su valoración del informe, Araúz señala que “es un paso hacia la solución”. Su razonamiento es que si finalmente el TJUE sigue esta recomendación se generarían unas indemnizaciones “inasumibles desde el punto de vista económico por las administraciones públicas en el actual”.
Por su parte, los tres mayores sindicatos de la función pública (CC OO, UGT y CSI-F) destacaron que la abogada subrayó el uso abusivo de la temporalidad en el sector y vieron avalada su estrategia de pactos con la Administración procesos de consolidación y estabilización en las plantillas.