Los desahucios por impago del alquiler caen en el primer semestre por primera vez en tres años

Madrid -
Protesta de la PAH contra los desahucios ante el Ayuntamiento de Barcelona.EFE

La estadística de lanzamientos practicados por los juzgados, un paso previo al desahucio de una persona de su hogar, vivió en el primer semestre una inflexión respecto a la tendencia de los últimos años. De acuerdo con una estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicada este lunes, el número de personas que viven de alquiler expulsadas de sus casas entre enero y junio fueron un 0,9% menos que en el mismo periodo de 2018, algo inaudito en tres años.

Desde el primer semestre de 2016, l...

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La estadística de lanzamientos practicados por los juzgados, un paso previo al desahucio de una persona de su hogar, vivió en el primer semestre una inflexión respecto a la tendencia de los últimos años. De acuerdo con una estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicada este lunes, el número de personas que viven de alquiler expulsadas de sus casas entre enero y junio fueron un 0,9% menos que en el mismo periodo de 2018, algo inaudito en tres años.

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Desde el primer semestre de 2016, la estadística de lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no dejaba de crecer en términos interanuales. Pasó de 19.000 casos hace tres años a los 20.210 que se contabilizaron entre enero y junio de hace un año. Los 20.026 lanzamientos practicados en la primera mitad de 2019 suponen por tanto un pequeño alivio en términos absolutos, son solo 184 menos, pero tienen la fuerza simbólica de poner fin a un período de tres años seguidos de escalada.

Lo que no cambia es la tendencia a la baja de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el número de personas expulsadas de su hogar por no pagar el préstamo de la vivienda se disparó; pero desde 2015 no dejan de reducirse. El primer semestre de este año no fue una excepción: los 8.147 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias que se practicaron fueron un 26,2% que en los seis primeros meses de 2018.

Como consecuencia del desplome continuo de los desahucios de propietarios, lo que ha crecido cada vez más es el porcentaje de inquilinos sobre el total de personas que son expulsadas de sus hogares. En el primer semestre de 2018 esa proporción superó por primera vez los dos tercios del total de lanzamientos (30.315, si a los derivados de ejecuciones hipotecarias y de la LAU se les suma los de “otras causas”). Concretamente, un 66% de las personas que perdieron su casa eran inquilinos. Hasta ahora, el porcentaje más alto que se había alcanzado era el 65,9% que marcó la estadística de marzo. Y esa se refería solo a un periodo trimestral: si se analiza por semestres, en el primero del año pasado los inquilinos suponían el 61,1% de los desahucios y en la segunda parte de 2018 subieron al 64%.

Una cifra “altísima”

Pese al descenso en términos totales, en el Sindicato de Inquilinos no se muestran satisfechos con las cifras. “En España hay un desahucio cada diez minutos, si hasta ahora era cada ocho minutos es mejor, pero sigue siendo una cifra altísima”, señala Jaime Palomera, portavoz de esa organización. “El problema persiste y las causas son claras: no ha habido voluntad política para regular el precio de los alquileres y hacer como otros países en los que los propietarios tienen debe justificar el hecho de expulsar a un inquilino de su vivienda”, valora.

Desde esa organización, insisten en que se debe poner también foco en lo que denominan “desahucios invisibles”. Con ese término se refieren a personas que dejan de vivir en la casa que tienen alquilada al término del contrato porque el propietario sube mucho el precio o porque no lo renueva para dedicar la casa a otros usos como el alquiler de corta temporada. Puesto que esos casos no aparecen en las estadísticas, el Sindicato de Inquilinos está elaborando un estudio propio para el que ha encuestado a 2.000 personas del área metropolitana de Barcelona. Según adelanta Palomera, un 50% de los inquilinos que se fueron de sus viviendas no lo hicieron por voluntad propia.

Cataluña, donde más lanzamientos se practican

Si se atiende exclusivamente a lo sucedido en el segundo trimestre del año, Cataluña es el territorio donde más lanzamientos practicaron los juzgados. Fueron 3.433 desahucios, un 23,3% de los que se producen en toda España. Le siguen Andalucía (2.456), Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637). Si se observan solo los lanzamientos de personas que viven de alquiler, aparecen de nuevo esas cuatro comunidades, pero en diferente orden: de nuevo encabeza Cataluña (2.281) seguida de Andalucía (1.336), pero Madrid (1.269) se acerca mucho a la segunda y adelanta a la Comunidad Valenciana (1.194).

Así, la diferente presión de precios en los mercados autonómicos se hace notar en la estadística. Mientras que en Madrid un 77% de las personas desahuciadas viven de alquiler, en Andalucía ese porcentaje no llega al 55%. Entre medias se sitúan Cataluña (66%) y la Comunidad Valenciana (60%).

Subida del 90% en Galicia

Desde el punto de vista de la variación interanual, en casi todos los territorios se produjeron menos desahucios que en el segundo trimestre de 2018. En la única comunidad donde eso no sucedió, Galicia, el aumento fue espectacular: un 89,9% más de lanzamientos. Si se atiende exclusivamente a la estadística que afecta a los inquilinos, la escalada que se produjo en Galicia es todavía mayor: se duplicaron con un 105,3% de aumento. En Cantabria tampoco se registró un descenso, sino que curiosamente la cifra fue idéntica a la del segundo trimestre de 2018, con 131 lanzamientos practicados en cada periodo. 

La estadística del Efecto de la crisis en los órganos judiciales, que elabora el CGPJ trimestralmente, también se hace eco de otros asuntos relativos a la vivienda como los casos de cláusulas abusivas en hipotecas. Según los datos publicados este lunes, en España quedan en tramitación 255.247 procedimientos por ese motivo. De las 31.630 sentencias dictadas entre abril y junio, un 96,6% estimaron que existía abusividad en el contrato denunciado.

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