El error de llamar bienestar al crecimiento

La Comisión Europea ha llamado reiteradamente la atención sobre la distribución de los frutos de la recuperación económica en nuestro país. En el Informe sobre el empleo en la UE, que se divulgó a finales de 2017, se incluía a España entre los países con los mayores problemas en términos de desigualdad y pobreza y se remarcaban las grandes dificultades de los jóvenes para mejorar su nivel de vida. El pasado marzo, en el Informe sobre el semestre europeo correspondiente a España, el ejecutivo comunitario, aunque destacaba el vigor de la reactivación de nuestra economía, nos daba un nuevo tirón ...

La Comisión Europea ha llamado reiteradamente la atención sobre la distribución de los frutos de la recuperación económica en nuestro país. En el Informe sobre el empleo en la UE, que se divulgó a finales de 2017, se incluía a España entre los países con los mayores problemas en términos de desigualdad y pobreza y se remarcaban las grandes dificultades de los jóvenes para mejorar su nivel de vida. El pasado marzo, en el Informe sobre el semestre europeo correspondiente a España, el ejecutivo comunitario, aunque destacaba el vigor de la reactivación de nuestra economía, nos daba un nuevo tirón de orejas por no haber cumplido sus recomendaciones sobre la reducción del uso de los contratos temporales, la reforma del sistema de garantía de ingresos o la mejora de las prestaciones familiares.

Los datos publicados la semana pasada de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 revelan que, aunque en el último año se registraron tímidos avances, la distancia entre los logros en los indicadores de crecimiento económico y los que recogen la evolución de los ingresos y las condiciones de vida de los hogares sigue siendo muy grande. La tasa de pobreza permanece por encima del 21%, con cerca del 30% de los menores de 16 años en esa situación. El porcentaje de la renta disponible española que tiene el 20% de la población con mayores ingresos sigue siendo 6,6 veces más que el que acumula el 20% con ingresos más bajos, sin que se hayan producido cambios significativos desde que técnicamente se dio por terminada la gran recesión.

Los indicadores de desigualdad siguen lejos de los que había antes de la gran desaceleración económica

Los datos revelan, por tanto, que mientras que el nivel medio de renta ya ha alcanzado los niveles previos a la crisis, con tasas de crecimiento anual del PIB en los tres últimos años por encima del 3%, los principales indicadores de desigualdad siguen estando lejos de los que había antes de la gran desaceleración de la economía española. Esta falta de sincronización entre el crecimiento económico y la desigualdad deja traslucir un problema importante respecto a cuál debería ser el objetivo último de la política económica. Su diferente evolución muestra que los decisores públicos han dado hasta ahora clara prioridad al objetivo del crecimiento económico como principal meta social. Esto implica asumir que las etapas expansivas arrastran positivamente al conjunto de la población y que la forma casi exclusiva de mejorar el bienestar de la sociedad es el crecimiento de la economía. La realidad, sin embargo, muestra que los efectos de la crisis siguen alargándose, con la posibilidad, como sucedió en anteriores recesiones, menos intensas y prolongadas, de que incrementos transitorios de la desigualdad se transformen en estructurales.

Frente al juicio de valor que establece ese automatismo entre el crecimiento económico y el bienestar social, fetichismo del PIB como lo ha denominado Joseph Stiglitz, disponemos, afortunadamente, de instrumentos e indicadores mucho más completos para conceptualizar y medir las metas de bienestar social que una sociedad puede proponerse. Por un lado, contamos con un conjunto creciente de indicadores multidimensionales, que combinan las condiciones de vida, el acceso a bienes básicos, la calidad del empleo, la participación política, las relaciones sociales o la percepción subjetiva de la propia situación socioeconómica. Por otro lado, una herramienta todavía más simple, pero sin duda más completa para evaluar el bienestar social que la mera consideración del crecimiento de la renta, son las funciones de bienestar social abreviadas, que combinan la renta media de un país con medidas de la desigualdad de ingresos. La principal aportación de estas funciones es ofrecer un criterio sencillo para comparar el bienestar de una sociedad ponderando la renta media con un indicador de desigualdad, de tal manera que cuanto mayor es este último, menor es el bienestar al que da lugar el crecimiento de la renta media.

Los datos de Eurostat permiten comparar la realidad española reciente con la de los países de nuestro entorno utilizando esta sencilla idea. Si la atención sólo se fija en el PIB per cápita, ajustado por el coste de la vida, la distancia de España respecto a la Unión Europea es de siete puntos y medio, con un recorte en esta brecha de dos puntos y medio desde que se inició la recuperación. Si como criterio alternativo se utiliza para la evaluación una función de bienestar con las características señaladas, España quedó en 2017 doce puntos por debajo de la UE-28.

Es imprescindible traducir los avances de la renta media en mejoras en los hogares de menores ingresos

Si se quiere aspirar, por tanto, a mayores niveles de bienestar, entendido en un sentido más amplio que la única consideración del PIB, resulta imprescindible traducir los avances en el promedio de la renta de los españoles en mejoras sustanciales de los hogares en la parte baja de la distribución de esa renta. Las líneas sobre las que podría pivotar una posible estrategia de política económica con ese objetivo están bien definidas desde hace tiempo. Dadas las tendencias en los mercados de trabajo y capital puede inferirse que en ausencia de intervenciones redistributivas más ambiciosas, tanto en el ámbito de la regulación como en el sistema de impuestos y prestaciones, será muy difícil que el bienestar social aumente.

Pero la agenda de reformas debería ser más extensa, incluyendo, entre otras, políticas públicas que afecten a los mecanismos de formación de los precios en los mercados y que proporcionen un balance más equilibrado del poder entre los agentes económicos, como la posible reconsideración de la política de rentas, la definición de objetivos distributivos explícitos en la política de competencia o el refuerzo de las instituciones que representan a los diversos agentes sociales. Acertar en el diagnóstico de las prioridades y conseguir el consenso político necesario para trazar esa nueva estrategia será, sin duda, una de las tareas más complicadas, y a la vez más urgentes, del nuevo gobierno.

Luis Ayala es Catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos