Función Pública, un nuevo reto para Montoro

Tras más de 300 días sin Gobierno, el BOE publicó, por fin, el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros de España. Entre los ministros de este Gobierno está el señor Cristóbal Montoro, que se convierte así en uno de los ministros más veteranos de la historia reciente de España, al haber sido ya titular de la cartera de Hacienda durante casi nueve años.

Confiamos en que sea esa veteranía la que ha llevado al presidente del Gobierno a renovar su confianza en él por tercera vez (algo que no había ocurrido jamás en la historia reciente española), puesto que los retos a los que se tendrá ...

Tras más de 300 días sin Gobierno, el BOE publicó, por fin, el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros de España. Entre los ministros de este Gobierno está el señor Cristóbal Montoro, que se convierte así en uno de los ministros más veteranos de la historia reciente de España, al haber sido ya titular de la cartera de Hacienda durante casi nueve años.

Confiamos en que sea esa veteranía la que ha llevado al presidente del Gobierno a renovar su confianza en él por tercera vez (algo que no había ocurrido jamás en la historia reciente española), puesto que los retos a los que se tendrá que enfrentar son formidables, tanto desde la óptica de la Hacienda, con un déficit público que se resiste obstinadamente a ser reducido, como desde la óptica de su nueva cartera ministerial, de Función Pública.

En estos tiempos se habla mucho de la crisis que ha sufrido España desde el año 2008, aunque para la mayoría ha sido, sobre todo, una crisis económica y, con ella, una crisis social. Sin embargo, estas no son sus únicas dimensiones, pues con ella ha venido otra menos llamativa, pero cuyos efectos son gravemente insidiosos, como es la crisis institucional, una crisis de confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y en sus dirigentes, que en los datos del CIS ha supuesto que el 20% de los ciudadanos españoles entienda como uno de los principales problemas la política y los políticos en general, mientras que solo un 0,4% crea que lo es el funcionamiento de los servicios públicos.

Son varios los factores que han contribuido a esta crisis institucional, pero seguramente, la sensación de que se han generado amplios espacios de abuso de los bienes públicos, cuando no de corrupción, es uno de ellos. Luchar contra esto y devolver a los españoles la confianza en sus instituciones debe ser uno de los principales objetivos de este nuevo Gobierno, que para ello deberá acometer un buen número de iniciativas, entre las que deberá encontrarse, sin duda, una decidida apuesta por el reforzamiento y la profesionalización de una Función Pública que, con todos sus defectos, se debe erigir como una de las mejores defensas contra la tentación de utilizar los bienes y las instituciones públicas, para beneficio personal de personas, partidos políticos o, simplemente, grupos de poder.

No deja de ser preocupante que España, con una ratio del 84,6%, ocupe el lugar duodécimo en la Unión Europea en el ranking de objetividad gubernamental, elaborado por el Banco Mundial, muy alejado del 97,6% de Holanda, o del 94,2% de Alemania, y en todo caso, por debajo de países como Francia o el Reino Unido, que son nuestros competidores más directos. Y no consuela que Italia o Grecia estén muy por debajo en este ranking, porque en esto, no son, no queremos que sean, las referencias a seguir.

Por supuesto, son muchos los ámbitos en los que la mejora de la Función Pública debe ser acometida, desde la política de planificación de los recursos humanos con una dimensión temporal suficiente y no ligada exclusivamente a las disponibilidades presupuestarias, pasando por los sistemas de acceso, o por el diseño de itinerarios verdaderos de carrera profesional, a menudo inexistentes en los estratos superiores de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, hay un ámbito de la Función Pública que ya no puede ser demorado por más tiempo, como es el de la figura del Directivo Público, cuya primera mención en el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, hace ya 9 años, sigue sin ser desarrollado. Es evidente que la ocupación de los niveles más altos de la administración por la política es algo tradicional e incluso deseable, porque es la forma de casar la acción de las Administraciones Públicas con el mandato popular. Sin embargo, es preciso delimitar con precisión la frontera entre ambas realidades, y los mecanismos de conexión entre unas y otras, tanto para evitar el riesgo de que la acción de gobierno pueda ser bloqueada por una burocracia excesivamente corporativa, como el de que la Administración sea utilizada de forma partidista o con veleidades clientelares.

Por esto, aprovecharemos la presencia del señor Cristóbal Montoro en nuestra próxima Jornada sobre el Directivo Público para animarle a que afronte con valentía los retos que tiene por delante, sabiendo que en todas las iniciativas que tome en defensa de una Administración Pública eficaz, imparcial y profesional, nos tendrá a los servidores de esta Administración de su lado.

Jordi Solé Estalella es presidente de Fedeca, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado.