La juez del ‘caso Abengoa’ prohíbe a Benjumea salir de España
La magistrada Carmen Lamela ve “más que dudoso” que el expresidente de la energética pudiera cobrar la indemnización de 11,5 millones por su cese
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha prohibido este miércoles salir de España al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por el caso de la indemnización de 11,5 millones de euros que la energética andaluza le otorgó en septiembre de 2015, cuando cesó como máximo directivo de la compañía. La magistrada ve “más que dudoso” que Benjumea pudiera percibir tal cantidad, ya que no estaba totalmente desvinculado de Abengoa –permaneció como asesor del Consejo de Administración- y su salida no ha sido aprobada por la Junta Gen...
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha prohibido este miércoles salir de España al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por el caso de la indemnización de 11,5 millones de euros que la energética andaluza le otorgó en septiembre de 2015, cuando cesó como máximo directivo de la compañía. La magistrada ve “más que dudoso” que Benjumea pudiera percibir tal cantidad, ya que no estaba totalmente desvinculado de Abengoa –permaneció como asesor del Consejo de Administración- y su salida no ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas.
Benjumea dejó la presidencia ejecutiva de Abengoa poco antes de que la empresa de renovables presentara un preconcurso de acreedores, acuciada por una deuda superior a 9.000 millones de euros. En su declaración ante la magistrada, celebrada el pasado martes, el antiguo ejecutivo aseguró que su salida fue una exigencia de las entidades financieras, especialmente el Banco Santander, que iban a asumir el compromiso de adquirir las acciones en la ampliación de capital de Abengoa. Esta supuesta exigencia se realizó de forma verbal, según Benjumea.
El expresidente también negó ante la juez Lamela que la empresa atravesara dificultades económicas “excepto de liquidez”. La magistrada afirma que Benjumea no se desvinculó de la empresa sino que permaneció en ella como asesor del Consejo de Administración cobrando 1,08 millones de euros anuales, cantidad equivalente al salario fijo que percibía como presidente.
Tanto el expresidente como el ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega, que percibió una indemnización de 4,5 millones, están imputados por un delito de administración desleal, castigado con una pena de hasta seis años de cárcel. Sánchez Ortega, además, está imputado por uso de información privilegiada. Según la querella de bonistas de Abengoa que dio pie a la causa, Tras salir de la energética, Sánchez Ortega fichó por el fondo de inversión Blackrock, que pocas semanas después de contratarle empezó a adoptar posiciones bajistas en Abengoa.