Una aventura inmobiliaria de la ex presidenta de la Fundación Caja Madrid
La VPO en alquiler que se descalifica a los diez años es muy proclive a componendas y no sirve para ayudar a los hogares necesitados
El asunto aireado por la Cadena SER acerca de la financiación obtenida por la expresidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, en 2004 para construir 51 viviendas protegidas de alquiler, situadas en la zona de Monte Carmelo (Madrid), con el régimen especifico de la Comunidad de Madrid, presenta varios aspectos destacados:
Primero, el préstamo de unos 4,5 millones de euros (tipo de interés del 3,15%, a un plazo de diez años) se concedió a una Fundación (Niño Jesús del Remedio) que presidía Cafranga, siendo esta miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, lo que requirió q...
El asunto aireado por la Cadena SER acerca de la financiación obtenida por la expresidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, en 2004 para construir 51 viviendas protegidas de alquiler, situadas en la zona de Monte Carmelo (Madrid), con el régimen especifico de la Comunidad de Madrid, presenta varios aspectos destacados:
Primero, el préstamo de unos 4,5 millones de euros (tipo de interés del 3,15%, a un plazo de diez años) se concedió a una Fundación (Niño Jesús del Remedio) que presidía Cafranga, siendo esta miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, lo que requirió que la concesión la efectuase el consejo de administración de dicha entidad y que el préstamo debiese aparecer en la Memoria de dicha entidad de crédito, por el cargo de Cafranga en Caja Madrid, cosa que no sucedió. Esto último revela una deficiencia en el funcionamiento de Caja Madrid por aquellas fechas.
Segundo, en 2010 la Fundación que recibió el préstamo e inició las viviendas (Niño Jesús del Remedio) cedió el conjunto de la operación a otra fundación, la Carmen Pardo-Valcarce, lo cual requiere que la fundación receptora de la cesión tenga que incluir en su objeto social el arrendamiento de viviendas, de acuerdo con el artículo 33.5º del RD 801/2005 (BOE de 13.7.2005), que regulaba por entonces la financiación convenida de viviendas protegidas. Este punto no está comprobado.
Tercero, al tratarse de un régimen de VPO de alquiler en el que se prevé que pasados diez años desde la calificación definitiva de la vivienda esta adquiera de forma automática la condición de vivienda libre. De este modo las 51 viviendas pasarían desde un precio máximo de venta en 2005 de alrededor de 1.100 euros el metro cuadrado a un precio de mercado de alrededor de 3.400 euros el metro cuadrado. El préstamo de 4,5 millones de euros permitiría obtener un valor de más de 15 millones de euros en 2015.
Cuarto, se pone de manifiesto que, junto al provecho que aportó la posición de Carmen Cafranga en Caja Madrid, el régimen de VPO de alquiler al que se acogió dicha promoción resulta escasamente social, pues el plazo en el que las viviendas construidas se destinan al alquiler es muy reducido y el objetivo final de la promoción es la plusvalía a obtener al final del periodo citado. Dicho régimen de VPO lo desarrolló la Comunidad de Madrid y cambien se incorporó a la normativa estatal correspondiente al Plan 2005-08 (R.D. 801/2005).
Este ejemplo pone de manifiesto que la VPO es una forma de ayuda al acceso a la vivienda muy proclive a todo tipo de componendas y que, de persistir, requiere amplias reformas en su diseño y un mayor control del cumplimiento de sus objetivos.
La actuación aquí descrita no sirve para ayudar al acceso a la vivienda a los hogares necesitados, sino que es una figura propia para las clases medias que, en este caso, anteponen el beneficio de la plusvalía a cualquier otra consideración social.
Julio Rodríguez López es miembro del colectivo Economistas frente a la Crisis.