El Senado de México avanza en la letra pequeña de la reforma energética
El Senado mexicano aprueba las primeras leyes para abrir el sector a la inversión privada
Sin prisa pero sin pausa los legisladores mexicanos han aprobado el primer paquete de leyes secundarias para abrir el sector energético del país a la inversión privada. La discusión comenzó el jueves pero fue hasta la madrugada de este sábado que los senadores avalaron la nueva ley de Hidrocarburos y la modificación a las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
En este grupo de normas se ha determinado definitivamente que el Estado me...
Sin prisa pero sin pausa los legisladores mexicanos han aprobado el primer paquete de leyes secundarias para abrir el sector energético del país a la inversión privada. La discusión comenzó el jueves pero fue hasta la madrugada de este sábado que los senadores avalaron la nueva ley de Hidrocarburos y la modificación a las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
En este grupo de normas se ha determinado definitivamente que el Estado mexicano podrá celebrar contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias para explorar y explotar los hidrocarburos del subsuelo de México con la iniciativa privada. Los pagos a estas compañías podrán ser en efectivo, en un porcentaje de la producción o la utilidad, o en la transmisión onerosa de hidrocarburos. Las empresas que firmen estos contratos podrán reportar los beneficios en sus estados contables ante instituciones financieras internacionales.
Los legisladores han entregado la responsabilidad para designar y redactar los contratos a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Las empresas interesadas en invertir en los yacimientos de hidrocarburos mexicanos deberán presentar un plan sobre las actividades que ejecutarán y el tiempo que les llevará realizarlo. En caso de no cumplir con el proyecto, las autoridades mexicanas rescindirán el contrato.
Dentro de los temas que han encendido el debate entre los senadores han estado la expropiación de terrenos para la explotación de hidrocarburos, y los daños que la extracción de gas o petróleo podría causar al medio ambiente.
En los últimos días, los legisladores modificaron la propuesta de la ley para que los dueños de propiedades reciban compensaciones en caso de encontrarse hidrocarburos en sus terrenos. De última hora, han añadido que entre las modalidades de pago los propietarios puedan recibir entre el 0,5% y 2% de las utilidades que las compañías obtengan de explotar hidrocarburos en sus tierras.
También se ha prohibido la explotación de cualquier hidrocarburo en Áreas Naturales Protegidas. Organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, habían pedido que se estableciera un cerco en zonas susceptibles a daño medio ambiental. En la discusión en el Senado, los legisladores de izquierda reclamaron en varias ocasiones que el Partido Verde (PVEM) apoye la propuesta del presidente, Enrique Peña Nieto, para explotar campos de gas de esquisto a través de la técnica de fracturación hidráulica (fracking).
Las nuevas leyes establecen además las reglas para la comercialización de gas licuado de petróleo (LP) y los combustibles. El precio del gas LP será liberado al mercado en enero de 2016, mientras que las gasolinas se abrirán gradualmente hasta que en enero 2018 el precio esté fijado por el mercado.
En el Congreso mexicano todavía queda pendiente la discusión de tres paquetes más de leyes sobre la estructura de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión federal de Electricidad (CFE), además de normas sobre la industria eléctrica y los órganos que regularán la industria energética en los próximos años. Después, la Cámara de Diputados diseñará las leyes en materia fiscal por las que el sector tendrá que someterse. En las dos cámaras legislativas el Partido de la Revolución Institucional (PRI) –el partido del presidente Peña Nieto—y el Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) tienen los votos suficientes para sacar adelante la reforma que terminará con un monopolio estatal de 76 años.