Nuevo régimen, mismos problemas

Por tercera vez en menos de 30 meses, Egipto no tiene solo un nuevo Gobierno, sino un nuevo régimen. La inestabilidad política e institucional de la nación árabe más populosa se ha convertido en un fenómeno crónico desde el derrocamiento de Hosni Mubarak. En un primer momento, la caída del presidente Mohamed Morsi por un golpe de Estado fue acogida positivamente por la mayoría de actores económicos, y la Bolsa abrió el día siguiente con un alza del 5%. Pero a medida que pasan los días, el optimismo se evapora y torna en preocupación.

Los desafíos monumentales que tiene planteada la econ...

Por tercera vez en menos de 30 meses, Egipto no tiene solo un nuevo Gobierno, sino un nuevo régimen. La inestabilidad política e institucional de la nación árabe más populosa se ha convertido en un fenómeno crónico desde el derrocamiento de Hosni Mubarak. En un primer momento, la caída del presidente Mohamed Morsi por un golpe de Estado fue acogida positivamente por la mayoría de actores económicos, y la Bolsa abrió el día siguiente con un alza del 5%. Pero a medida que pasan los días, el optimismo se evapora y torna en preocupación.

Los desafíos monumentales que tiene planteada la economía egipcia no se han alterado. Se van agravando con el paso del tiempo, junto a las oportunidades perdidas. El primer y principal problema económico de Egipto es su déficit público, que ya ha alcanzado los 3.200 millones de dólares mensuales. Según datos del Ministerio de Finanzas, en los primeros cinco meses de 2013, el déficit alcanzó los 16.200 millones, casi el doble que el año anterior. En términos anuales, la cifra alcanza el 15% del PIB, un porcentaje parecido al que tuvo Grecia en plena crisis de deuda.

Cada nuevo Gobierno que asume el poder, lo hace con grandes expectativas por parte de la población, que culpa al anterior de los males del país. No obstante, su margen de maniobra es reducido. El pago de la deuda ya absorbe casi un 25% del presupuesto. Las políticas económicas necesarias para sanear la economía no son ningún misterio: eliminar los subsidios, sobre todo a los combustibles; reformar la fiscalidad, para aumentar los ingresos, y atraer inversiones. Los subsidios a la energía consumen casi otro 25% del presupuesto. A medio plazo, todo ello debería permitir aumentar el gasto social, sobre todo en educación y sanidad.

El principal obstáculo a las reformas son los intereses creados, y ello exige un amplio apoyo político. Los diplomáticos españoles no se cansan de repetir que Egipto necesita su propia versión de los Pactos de la Moncloa. Y no les falta razón. Para poner las bases de un nuevo modelo económico y social es necesario un gran acuerdo entre fuerzas políticas y actores sociales. No hay que olvidar que Egipto está batiendo récords de efervescencia política y social: en 2013 se han registrado una media de más 1.100 protestas mensuales, muchas de ellas vinculadas a demandas laborales.

El pago de intereses de la deuda ya supone casi un 25% del presupuesto

“En estos dos años y medio de transición, la clase política ha sido incapaz de generar un proceso inclusivo, en el que todos los actores principales estén representados en el diseño del marco institucional del país. Y ello tiene un coste evidente: no poder hacer reformas de calado”, sostiene el economista Amr Adly. Un buen ejemplo es el acuerdo nunca concluido en estos dos años de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 4.800 millones de dólares. Pocos expertos ponen en duda su bondad, ya que supondría un colchón para moderar el efecto de las reformas económicas en los sectores más vulnerables. El tipo de interés que exige el FMI es relativamente bajo y ofrecería una señal de confianza a la inversión extranjera.

Sin embargo, el préstamo es políticamente tóxico, pues trae malos recuerdos de la era Mubarak. Los acuerdos con el FMI conllevaron la privatización de empresas públicas, una mayor precariedad para muchos trabajadores y la multiplicación de las desigualdades. Los tres últimos Gobiernos han querido firmar el acuerdo, pero no lo han hecho por miedo a que la oposición lo utilizara como arma arrojadiza. Los Hermanos Musulmanes se opusieron al préstamo cuando la Junta Militar detentaba el poder, pero luego sí quisieron cerrarlo una vez obtenida la presidencia.

El flamante ministro de Planificación, Ashraf al Arabi, sorprendió a muchos analistas al afirmar que no había prisa para retomar las negociaciones. El FMI también ha mostrado cierta prevención, pues preferiría negociar con un Gobierno salido de las urnas y no de un golpe de Estado. El actual Ejecutivo tiene un perfil tecnócrata y está formado por varios economistas de prestigio. El propio primer ministro, Hazem Beblawi, fue titular de Finanzas, lo que demuestra que reconducir la economía es una prioridad para las nuevas autoridades. Pero los analistas dudan que el Gabinete tenga la voluntad de hacer reformas de calado. “Este Gobierno no tiene el mandato político para aplicar políticas impopulares y de largo alcance que puedan exacerbar el desasosiego y ser políticamente contraproductivas”, cree Farek Soussa, responsable para Oriente Próximo de Citigroup.

Con los Hermanos Musulmanes en pie de guerra, lo más probable es que el Gobierno interino piense solo en el corto plazo y posponga de nuevo las reformas hasta las próximas elecciones, previstas para febrero. “Este Gobierno no puede ser audaz, no solo por su interinidad, sino por la situación de grave crisis política del país. Su objetivo será mantener la paz social, evitar un estallido que pueda hacer descarrilar la transición, como intenta la Hermandad”, explica Adly.

Cada mes, el país acumula un déficit público de 3.200 millones de dólares

Otro de los graves problemas económicos del país es la caída de las reservas de divisas, que representan menos de la mitad de las poseídas antes de la revolución que depuso a Mubarak. Las nuevas autoridades han recibido un balón de oxígeno de sus aliados del Golfo Pérsico y grandes detractores de la Hermandad. Entre depósitos en el banco central, préstamos y ayuda directa, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait han concedido a Egipto 12.000 millones de dólares, lo que explica la tranquilidad del ministro de planificación. El año pasado fue sobre todo Catar, aliado de los Hermanos Musulmanes, quien mantuvo a flote el país. Ahora bien, el agujero presupuestario es tan grande, que la ayuda supone solo un bálsamo a corto plazo.

En 2012, la economía creció un 2,2%, lejos del 6% que necesitaría para poder ofrecer trabajo a los más de 700.000 jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. El turismo, una de las principales industrias del país, está estancado. Desde la revolución de 2011, su recuperación se ha revelado un esfuerzo sisífico. Cada vez que pasan tres meses sin enfrentamientos callejeros, se dispara la esperanza entre hoteleros y comerciantes. Pero siempre llega un jarro de agua fría en forma de una nueva ola violencia. Con ese grado de inestabilidad es difícil que se anime la inversión extranjera. El magnate más rico del país, Naguib Sawiris, cristiano y conocido detractor de Morsi, ha prometido que su familia “va a invertir como nunca antes”. Pero el ahorro interno no basta para impulsar un crecimiento vigoroso.

Un sector que necesita cambios profundos es el sistema educativo. Egipto invierte solo el 3,8% del PIB en educación, lo que ayuda a explicar que su sistema educativo se sitúe en el puesto 139 de los 144 países incluidos en el ranking del World Economic Forum. Entre los Estados con un nivel de riqueza parecido, tan solo Libia está por debajo. “Para competir en un mundo globalizado, la educación es esencial. Sin un buen sistema educativo, no hay desarrollo posible”, asevera Magdy Milad, un consultor especializado en educación.