La Audiencia Nacional investiga la responsabilidad de la auditora de la CAM
La Audiencia Nacional pide al Banco de España la elaboración de un informe sobre la caja
La Audiencia Nacional ha pedido al Banco de España que elabore un informe sobre las posibles irregularidades contables y de ocultación de créditos morosos de la CAM y se pronuncie sobre si estos hechos" deberían o podrán haber sido detectados" por su auditora KPMG.
En un auto del pasado 19 de septiembre y publicado este viernes, los magistrados exigen al supervisor bancario que evalúe el "perjuicio causado a la entidad o a terceros" por las posibles decisiones erróneas de la caja alicantina o su firma de audit...
La Audiencia Nacional ha pedido al Banco de España que elabore un informe sobre las posibles irregularidades contables y de ocultación de créditos morosos de la CAM y se pronuncie sobre si estos hechos" deberían o podrán haber sido detectados" por su auditora KPMG.
En un auto del pasado 19 de septiembre y publicado este viernes, los magistrados exigen al supervisor bancario que evalúe el "perjuicio causado a la entidad o a terceros" por las posibles decisiones erróneas de la caja alicantina o su firma de auditoría.
Los jueces piden que los expertos establezcan si entre 2007 y 2011 "se han clasificado y contabilizado correctamente" los créditos subestándar, dudosos o fallidos, y si se han aplicado correctamente los criterios para que dejaran de ser considerados morosos.
La Audiencia Nacional quiere investigar también algunas operaciones contables ordenadas por los antiguos gestores de la CAM, que supuestamente sirvieron para inflar las cuentas de 2010 y principios de 2011.
Los peritos del Banco de España también deberán abordar una eventual corrección de las remuneraciones y los acuerdos de prejubilación de los altos directivos de la entidad. La pericial de PwC, encargada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la caja, sostiene que exdirectivos como Roberto López Abad y María Dolores Amorós engrosaron indebidamente sus pensiones complementarias.
Los imputados, sin embargo, aseguran que los acuerdos a los que llegaron supusieron una renuncia a los derechos que habían consolidado. Amorós afirma que en su caso eso supuso que dejaran de corresponderle 602.671,99 euros anuales en concepto de prestación complementaria y se le asignaron 369.497,16 euros.