Almunia sugiere que el Gobierno ayude a los clientes atrapados por las preferentes

Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, considera que si el Gobierno central o las comunidades autónomas "quieren ofrecer un dinero a los titulares de las participaciones preferentes [ese complejo producto de renta fija que se vendió disfrazado de simple depósito], pueden hacerlo y no se consideraría ayuda de Estado. Encontrar una solución a los pequeños ahorradores no tiene que ver con las ayudas públicas", insistió. Almunia, que ha participado esta mañana en un cu...

Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, considera que si el Gobierno central o las comunidades autónomas "quieren ofrecer un dinero a los titulares de las participaciones preferentes [ese complejo producto de renta fija que se vendió disfrazado de simple depósito], pueden hacerlo y no se consideraría ayuda de Estado. Encontrar una solución a los pequeños ahorradores no tiene que ver con las ayudas públicas", insistió. Almunia, que ha participado esta mañana en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha echado así un jarro de agua fría sobre la "flexibilidad" que ha pedido el Ministerio de Economía para que las entidades nacionalizadas solucionen el enorme problema de las preferentes donde están atrapados miles de clientes con muchos millones de euros. Bankia negocia conceder el 80% del valor de las preferentes, pero no tiene aún el visto bueno de Bruselas.

"La doctrina europea es clara y se deben pagar las preferentes a precios de mercado", insistió el comisario europeo. En la práctica, esto supondría que muchos clientes recibirían entre el 50% y el 60% de su inversión, según las cotizaciones actuales de estos productos. "Una entidad que ha recibido ayudas no puede utilizar sus recursos propios para subvencionar a sus clientes porque eso supondría que lo está haciendo el contribuyente", aseveró. El comisario admitió el "conflicto social" que existe por "la venta de un producto a unos clientes que no sabían lo que adquirían".

Desde 1999 y hasta principios de 2011, las entidades financieras españolas emitieron y vendieron cerca de 30.000 millones de euros en participaciones preferentes, un instrumento complejo y de riesgo elevado para los inversores. Los compradores ponían su dinero en un producto legal, pero con una condición muy particular: ofrecía buenos intereses a cambio de una contratación “a perpetuidad”. Hasta el año pasado, las entidades ofrecían una salida a quienes querían recuperar su dinero. Pero las reglas del juego han cambiado y miles de personas se han dado cuenta de que se casaron con un producto que no se ajustaba a sus necesidades.

Almunia recordó que estos productos están regulados y supervisados por el Banco de España. "No es verdad lo que se dice de que Bruselas bloquea la solución a las preferentes". La frase del comisario es una acusación velada a las entidades financieras que las vendieron y a las autoridades que las consintieron. Ante las preguntas de los periodistas sobre el difícil futuro de algunos pequeños ahorradores atrapados en estos productos, el político europeo concluyó: "Un subsidio para una viuda no es ayuda pública. Eso no supone un problema de Competencia", indicando claramente cuál es, en su opinión, la salida al conflicto que golpea el prestigio y la reputación de la banca.

Inyección de dinero

Respecto a la inyección de dinero en renta fija, a través de bonos contingentes convertibles, conocidos como cocos, Almunia fijó "en un mínimo del 8,5% de tipo de interés" al que se puede prestar a las entidades. "Hay que evitar que la banca se convierta en adicta a las ayudas públicas para salir de sus problemas. Es necesario defender al contribuyente", comentó. En cuanto a las entidades que reciban capital directamente, al 0% de tipo de interés, Almunia sugirió que "los accionistas serán los hagan frente a esa situación porque antes de colocar el capital se realizará una valoración de la entidad". Esta afirmación anticipa una baja valoración de las cajas nacionalizadas que ahora esperan capital.

Por último, anticipó que "no será difícil, incluso será fácil " llegar a un acuerdo con el Gobierno español sobre las condiciones a las que se entregará el préstamo para el rescate de la banca. Almunia alabó que se hubieran pedido 100.000 millones para recapitalizar la banca y considera que se cerrará el memorándum antes del 9 de julio, "después de un conocimiento preciso de cómo está la banca española", en referencia a ese nuevo análisis que realizará la Comisión Europea.