Trabajo admite la denuncia contra Air Madrid por presunto fraude a la Seguridad Social
El sindicato USO dice que los trabajadores de la aerolínea podrían ser perjudicados en su derecho al desempleo y a la jubilación
La Inspección de Trabajo ha notificado a Unión Sindical Obrera (USO) que admite a trámite la denuncia formulada por el sindicato contra Air Madrid por presunta "infracotización" a la Seguridad Social. USO había denunciado que la aerolínea presentaba "irregularidades en la contrataciones y cotizaciones a la Seguridad Social", así que decidió presentar una demanda ante la Inspección de Trabajo.
"Este fraude (aludiendo a la presunta infracotización) deja desprotegida a la plantilla, pues en caso de que la compañía no fuese sancionada los trabajadores se verán seriamente perjudicados en su...
La Inspección de Trabajo ha notificado a Unión Sindical Obrera (USO) que admite a trámite la denuncia formulada por el sindicato contra Air Madrid por presunta "infracotización" a la Seguridad Social. USO había denunciado que la aerolínea presentaba "irregularidades en la contrataciones y cotizaciones a la Seguridad Social", así que decidió presentar una demanda ante la Inspección de Trabajo.
"Este fraude (aludiendo a la presunta infracotización) deja desprotegida a la plantilla, pues en caso de que la compañía no fuese sancionada los trabajadores se verán seriamente perjudicados en su derecho al desempleo y a la jubilación", según el secretario confederal de Acción Sindical de USO, José Vía, . "Hay que tener en cuenta que el salario base de algunos trabajadores era de 500 euros y en complementos cobraban el doble", ha agregado Vía.
El secretario general ha remarcado que la Inspección de Trabajo confirma en su escrito que quien tiene competencias en este asunto es el Ministerio de Trabajo. Vías sostuvo que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, "intentó deshacerse del problema argumentando falta de competencia" y "sin embargo, la Inspección de Trabajo califica a la empresa ''de ámbito suprautonómico'', algo lógico, ya que operaba en distintas comunidades autónomas, y, es el Ministerio de Trabajo el que tiene que tomar cartas en el asunto".