El juez fija juicio oral del 'caso Tellería'
Pide cuatro años de cárcel para el 'exburukide' y los 'ertzainas' Lau y Acha
Roberto Ramos, el juez de instrucción del denominado caso Telleria ha ordenado la apertura de juicio oral por un presunto delito de violación de secretos, en el que están acusados el exdirigente alavés del PNV Aitor Telleria y Carlos Lau y Jesús Acha,dos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis en materia Antiterrorista en Álava. El Ministerio público solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los imputados y reclama que los perjudicados sean indemnizados con un total de 342.000 euros. Según ha informado Radio Euskadi, el juicio se llevará a cabo en la Audien...
Roberto Ramos, el juez de instrucción del denominado caso Telleria ha ordenado la apertura de juicio oral por un presunto delito de violación de secretos, en el que están acusados el exdirigente alavés del PNV Aitor Telleria y Carlos Lau y Jesús Acha,dos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis en materia Antiterrorista en Álava. El Ministerio público solicita cuatro años de cárcel para cada uno de los imputados y reclama que los perjudicados sean indemnizados con un total de 342.000 euros. Según ha informado Radio Euskadi, el juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Álava, al estar implicados funcionarios públicos.
El juez ha atendido así las demandas del Ministerio fiscal y ordena la apertura de juicio oral para determinar si hubo una trama de espionaje político en Álava. El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, había pedido a la Audiencia Provincial alavesa la apertura de juicio oral contra el exburukide del PNV Iñaki Telleria, y dos ertzainas por la supuesta trama de espionaje político.
Solicitada, entre otras, la declaración de Alfredo de Miguel en la vista
En su escrito, Izaguirre considera que los dos ertzainas, que pertenecían a la antigua Unidad de Información y Análisis en materia Antiterrorista en Álava, han cometido un delito continuado de violación de secretos, mientras que Telleria actuó como cooperador necesario. Uno de los agentes era el jefe del grupo y el otro dependía directamente de él.
El Ministerio público recuerda que Aitor Telleria, en el momento de los hechos, era miembro del ABB del PNV y, entre sus tareas, "estaba la de recibir, tratar y canalizar todas las informaciones anónimas o denuncias de tipo político" que llegasen a esta formación en territorio alavés.
En este sentido, asegura que los tres acusados, "puestos de común acuerdo en un momento indeterminado anterior a junio de 2008", decidieron que los dos agentes "prestarían servicios al señor Telleria consistentes en recabar información en su actividad policial para pasársela, o bien investigar la éste que les hiciese llegar".
De esta forma, según la Fiscalía, los ertzainas propusieron al miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV "listas de personas con las que establecer contacto, mantener entrevistas con ellas, hacer seguimientos, utilizar la información o datos de carácter personal de terceras personas que se hallaban registrados en ficheros, soportes informáticos, archivos o registros propios de la Ertzaintza o de los que aquéllos tuvieran conocimiento por razón de su cargo y que no debían ser divulgados".
El escrito fiscal indica que los miembros de la Policía vasca transmitieron a Aitor Telleria cientos de documentos que "iban siendo destruidos o borrados" por éste de manera periódica. No obstante, en el registro que se realizó a su domicilio, se le ocupó el disco duro externo con seis documentos en formato Word en el interior de una carpeta. Éstos contenían datos, entre otros, de políticos y empresarios alaveses, ertzainas o periodistas, y, según el Ministerio Público, "como consecuencia del proceder de los acusados y el tráfico ilícito de información", se puso "en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad de las personas referidas en las fichas y que figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes o colaboradores en atención a la actividad de la organización terrorista ETA".
El fiscal cree que los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación de secretos, de los que serían responsables en concepto de autores los dos ertzainas, Lau y Acha, y Aitor Tellería como cooperador necesario. El Ministerio Público, que pide además que los encausados depositen la cantidad de 500.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento, reclama que testifique, entre otros, Alfredo de Miguel, vinculado a una supuesta trama de corrupción en Álava.