Acusados de blanqueo atribuyen su fortuna a la lotería y a una ayuda del 'Prestige'

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebró ayer el juicio contra el arousano Guillermo Abalo Maneiro y su familia, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Abalo, condenado en 1998 en Zaragoza por vender tres kilos de cocaína, apenas contaba con ingresos legales, lo que no impidió que Hacienda constatase que entre 1999 y 2007 su familia próxima contase entre su patrimonio con tres casas, varios barcos y una batea. El fiscal pide cinco años de prisión y tres millones de euros de multa para Abalo, sus padres y su esposa.

Ninguno de los acusados quiso responder a las pr...

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La Audiencia Provincial de Pontevedra celebró ayer el juicio contra el arousano Guillermo Abalo Maneiro y su familia, acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Abalo, condenado en 1998 en Zaragoza por vender tres kilos de cocaína, apenas contaba con ingresos legales, lo que no impidió que Hacienda constatase que entre 1999 y 2007 su familia próxima contase entre su patrimonio con tres casas, varios barcos y una batea. El fiscal pide cinco años de prisión y tres millones de euros de multa para Abalo, sus padres y su esposa.

Ninguno de los acusados quiso responder a las preguntas del fiscal sobre el origen del patrimonio. Sí respondieron a su abogado con argumentaciones de las habituales en los casos de blanqueo. A saber, un premio de lotería de 1994 o varios ingresos no declarados "para pagar menos impuestos". El padre de Abalo adujo que tras trabajar desde 1961 en Noruega había reunido capital suficiente para sufragar sendas casas de dos pisos en As Pías (Vilanova) y Lera (Vilagarcía). El mayor patrimonio figura, en cualquier caso, a nombre de la mujer de Abalo, que cuenta entre sus propiedades con una casa en Pobra de Trives, tres fincas en San Vicente do Mar (O Grove), una batea, otra casa en Lera y un almacén de 300 metros en Vilagarcía. Maneiro, por su parte, tenía a su nombre tres embarcaciones de recreo. Padre y esposa dijeron desconocer que su familiar ya había sido condenado por narcotráfico.

A las explicaciones de los encausados, que también aludieron a una indemnización por los daños del Prestige en 2002 o a una breve incursión de Maneiro en el negocio inmobiliario como justificación de su bonanza, replicó el técnico de Hacienda citado por la fiscalía. Este recordó que se empezó a sospechar de la familia de Abalo en el marco de un plan de control de residencias suntuarias que apuntaba a aquellas en que el valor registrado de viviendas de lujo era muy inferior al aparente. La investigación tributaria mostró que, excepto por una pensión de escasa cuantía y el alquiler de un piso durante un año, nadie en la familia poseía ingresos que justificasen tantos bienes.

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