El Tribunal de Cuentas estudia el metrobús rebajado para los peregrinos

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por ofertar el metrobús con descuento a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró en Madrid entre los pasados 16 y 21 de agosto.

El órgano fiscal ha iniciado los trámites a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y ha trasladado la denuncia al ministerio fiscal, a la Abogacía del Estado y al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que aleguen "lo que a su derecho convenga".

La denuncia de la asociación de jur...

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por ofertar el metrobús con descuento a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró en Madrid entre los pasados 16 y 21 de agosto.

El órgano fiscal ha iniciado los trámites a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y ha trasladado la denuncia al ministerio fiscal, a la Abogacía del Estado y al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que aleguen "lo que a su derecho convenga".

La denuncia de la asociación de juristas presidida por el abogado José Luis Mazón se dirige contra el Gobierno municipal y autonómico por "ofertar precios especiales [en el metrobús] a los integrantes de la confesión religiosa católica" que visitaron la capital con motivo de la visita del papa Benedicto XVI. A cuatro euros el abono de tres días y a 10 euros el billete para una semana. El precio de estos abonos era bastante más bajo que el de los habituales para turistas que cuestan 50 euros el de una semana (cinco veces más que el del peregrino) o 25 euros el de tres días (un 84% más que el precio que pagaron los fieles a Benedicto XVI).

La certificación del Tribunal de Cuentas, con fecha del pasado 7 de octubre, solicita al denunciante que manifieste si se constituye como parte en estas diligencias "en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable", debiendo concretar tanto las personas contra las que se dirige la acción como el importe en que cifra los perjuicios sufridos en los fondos públicos.