El administrador de Stoa colabora con la 'comisión De Miguel'
Miñano le adjudicó un contrato al que presentó dos ofertas distintas
La comparecencia de Alfredo de Miguel ante la comisión parlamentaria que investiga la supuesta trama de corrupción que lleva su nombre estuvo precedida por la mañana la del empresario Sergio Fernández Oleaga. A diferencia de De Miguel, quien se limitó a leer a los comisionados una declaración sin contestar a ninguna cuestión, sí respondió a las preguntas de los parlamentarios, en lo que estos consideraron como una actitud colaboradora. Lo hizo durante media hora, a cuyo término, también a diferencia del otro imputado, no quiso ofrecer ninguna explicación a los medios de comunicación.
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La comparecencia de Alfredo de Miguel ante la comisión parlamentaria que investiga la supuesta trama de corrupción que lleva su nombre estuvo precedida por la mañana la del empresario Sergio Fernández Oleaga. A diferencia de De Miguel, quien se limitó a leer a los comisionados una declaración sin contestar a ninguna cuestión, sí respondió a las preguntas de los parlamentarios, en lo que estos consideraron como una actitud colaboradora. Lo hizo durante media hora, a cuyo término, también a diferencia del otro imputado, no quiso ofrecer ninguna explicación a los medios de comunicación.
Fernández Oleaga fue citado en su condición de imputado en la causa por presunta corrupción que tramita el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, como administrador único de la empresa Stoa.
Fernández Oleaga ratificó ante los comisionados su declaración judicial
La firma resultó supuestamente beneficiada por contratos otorgados por la dirección del Parque Tecnológico de Miñano, cuando a su frente se hallaba otro de los imputados, el miembro del PNV Alfonso Arriola y un tercero, Julián Sánchez Alegría, también afiliado a ese partido, presidía la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Básicamente, Fernández Oleaga ratificó su declaración ante el juez, según pudo saber EL PAÍS. Fernández Oleaga negó entonces haber apartado a la empresaria Ainhoa Alberdi de un contrato del parque de Miñano por indicación de De Miguel, tras complicarse las relaciones de ambos, supuestamente por la negativa de ella a pagar una comisión. Y atribuyó el hecho a que ella se negó a rebajar su parte en el beneficio al verse obligados a ajustar la oferta que realizaron.
La sospecha pesa sobre Stoa tras haber optado a un contrato con dos ofertas económicas distintas, una en letra y otra en números, lo que Fernández Oleaga atribuyó ante el juez a un error "de corta y pega". El parque tomó la más baja para concederle el contrato desplazando a la otra aspirante, la firma Lugarfive.
Por otra parte, el PP llevará al pleno del Parlamento la negativa de la Diputación de Vizcaya a facilitar los datos fiscales de algunas empresas cuya actividad está siendo estudiada por la comisión De Miguel, informa Vasco Press.