"La pérdida de la propiedad dificulta la paz"

En el mundo hay 27,5 millones de desplazados dentro de sus propios países, un número que duplica el de refugiados, aquellos que cruzan la frontera a otro país. Son personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, tierras o negocios a consecuencia de conflictos armados, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales. "Un problema global que afecta en cada país de forma diferente y en el que los agentes locales, junto a la cooperación de organismos internacionales, son clave para resolver los conflictos que originan los desplazamientos, principalmente la pérdida de propie...

En el mundo hay 27,5 millones de desplazados dentro de sus propios países, un número que duplica el de refugiados, aquellos que cruzan la frontera a otro país. Son personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares, tierras o negocios a consecuencia de conflictos armados, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales. "Un problema global que afecta en cada país de forma diferente y en el que los agentes locales, junto a la cooperación de organismos internacionales, son clave para resolver los conflictos que originan los desplazamientos, principalmente la pérdida de propiedad", explica Barbara McCallin, miembro del Consejo Noruego para los Refugiados.

Pero empecemos por el principio. La vivienda y el suelo son las primeras cosas que los desplazados pierden al ser obligados a abandonar sus lugares de origen. En conflictos armados, cuando un país logra la paz y se asienta la seguridad, las personas desplazadas tienen dificultades para recuperar sus casas y sus tierras. En muchos casos, además, han sido ocupadas por otros individuos o incluso vendidas.

Existen 27,5 millones de desplazados. Muchos no pueden recuperar sus casas

Los desplazados son personas movilizadas dentro de sus fronteras, por eso, la responsabilidad de protegerles compete al Gobierno de su propio país. "Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que el Estado es el mismo agente que está provocando el conflicto o no tiene capacidad de resolver los problemas", señala McCallin. La experta internacional en desplazados internos participó ayer en el 7º Encuentro de Derechos Humanos organizado en San Sebastián por la Diputación de Guipúzcoa y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

En los últimos diez años se ha incrementado en diez millones los desplazados. "El dato interesante no es el aumento sino que esta cifra no se debe a conflictos nuevos sino a situaciones que han durado mucho tiempo y a las que no se han buscado soluciones", puntualiza McCallin.

En muchos países en desarrollo, lo habitual es que la gente no tenga cómo demostrar la propiedad de las tierras, sobre todo, los indígenas: "Es muy fácil que las élites económicas o el mismo Gobierno se apropie de esas tierras sin que los dueños tengan opción a reclamar".

Para McCallin, la imposibilidad de recuperar la vivienda o la tierra constituye un obstáculo importante para la paz y la seguridad en un país: "Es un problema que afecta en todo el ciclo del desplazamiento, de principio a fin. Las tensiones surgidas en disputas sobre la pérdida de la propiedad suponen una amenaza seria para la estabilización de un país".

En el caso de la guerra civil en Bosnia-Hercegovina fue una excepción. El 93% de los desplazados y refugiados consiguieron recuperar sus casas. "Algo excepcional difícil de repetirse. La comunidad internacional tenía poder ejecutivo para imponer leyes. En Croacia no salió bien".

El reto es cómo facilitar la restitución de las tierras y viviendas en países donde no hay registros. En muchas zonas de África, por ejemplo, el Estado no tiene presencia local. McCallin cree que los organismos humanitarios y de desarrollo deben trabajar con los agentes locales porque la resolución de los conflictos de propiedad se resuelven por las costumbres locales.

"La idea es ver cómo podemos entrar en contacto a ese nivel local sin perder la visión global, ofreciendo asesoramiento jurídico, formando a los agentes locales tanto en la normativa internacional como en las leyes del propio país", concluye.