El tribunal valenciano retoma el caso de la financiación ilegal del PP y otros seis delitos

Tras dos años interponiendo recursos para dilatar la investigación del caso Gürtel, los tiempos judiciales se vuelven ahora contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reactivó ayer el grueso de la vertiente valenciana del caso. En él figuran múltiples indicios de que las cúpulas del Gobierno y el PP regionales cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal), delito fiscal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
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Tras dos años interponiendo recursos para dilatar la investigación del caso Gürtel, los tiempos judiciales se vuelven ahora contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reactivó ayer el grueso de la vertiente valenciana del caso. En él figuran múltiples indicios de que las cúpulas del Gobierno y el PP regionales cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal), delito fiscal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Como supuestos implicados, el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, señaló a Camps; Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario general del PP valenciano y diputado autonómico); Yolanda García (tesorera del PP valenciano y diputada autonómica); Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional y diputado autonómico); Víctor Campos (exvicepresidente del Ejecutivo valenciano); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo), y Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional). Y también a los responsables de seis empresas que habrían pagado irregularmente actos electorales del PP, y a varios miembros de la trama corrupta, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Pedreira dictó el auto en el que se inhibía a favor del tribunal valenciano el 25 de mayo de 2010. Contra su decisión interpusieron recursos el PP (que en la causa de Madrid figura como acusación) y Álvaro Pérez. Una vez resueltos, el juez valenciano, José Ceres, dictó ayer una providencia en la que da un plazo de 10 días a las partes personadas en el proceso para que se pronuncien sobre si el tribunal debe o no asumir la investigación de los nuevos delitos y, en caso afirmativo, para que concreten las imputaciones a personas determinadas, "en principio aforadas". Las acusaciones podrán solicitar la acumulación de parte de los nuevos delitos con la causa de los trajes que se sigue contra Camps y otros tres cargos por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

La presión sobre el presidente valenciano, que ha sido confirmado como candidato del PP para las elecciones de mayo, aumenta así de forma notable: a diferencia de la aceptación de regalos, que en el momento en que supuestamente tuvieron lugar solo llevaba aparejada una multa, las acusaciones a las que ahora se enfrenta se castigan con penas de prisión e inhabilitación.