Un juzgado de Sevilla acoge la investigación por la posible sedición de controladores
La Fiscalía de Sevilla ha remitido al Juzgado de Instrucción 16 la investigación iniciada por un posible delito de sedición cometido durante el paro que protagonizaron los controladores aéreos el pasado 3 de diciembre. La fiscal jefe sevillana María José Segarra ha remitido al magistrado Juan Gutiérrez las diligencias iniciadas, ya que varios viajeros perjudicados habían presentado con anterioridad una denuncia ante su juzgado.
El fiscal superior, Jesús García Calderón, coordina la presentación de diversas denuncias tras el abandono de los controladores de sus puestos en los diferentes ...
La Fiscalía de Sevilla ha remitido al Juzgado de Instrucción 16 la investigación iniciada por un posible delito de sedición cometido durante el paro que protagonizaron los controladores aéreos el pasado 3 de diciembre. La fiscal jefe sevillana María José Segarra ha remitido al magistrado Juan Gutiérrez las diligencias iniciadas, ya que varios viajeros perjudicados habían presentado con anterioridad una denuncia ante su juzgado.
El fiscal superior, Jesús García Calderón, coordina la presentación de diversas denuncias tras el abandono de los controladores de sus puestos en los diferentes aeropuertos andaluces. La investigación contempla la posible comisión por los controladores del delito de sedición previsto en el artículo 20 de la Ley de la Navegación Aérea. En Málaga la fiscalía continúa con su investigación iniciada y ya citó a tres de los 14 controladores del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso denunciados, pero éstos se negaron a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio, al igual que ocurrió en Madrid. En esta ciudad la fiscalía ha denunciado por sedición a 175 controladores que abandonaron sus puestos por una supuesta indisposición en las torres de Torrejón y Barajas.
A pesar de que las penas podrían alcanzar los ocho años de prisión, los casos iniciados serían complejos por el gran número de imputados y sobre todo por la responsabilidad civil ulterior, que podría implicar el pago de indemnizaciones millonarias a los viajeros por los vuelos cancelados entre el 3 y el 4 de diciembre, cuando Aena decretó el cierre del espacio aéreo debido a la ausencia de controladores.
Mientras, tras 34 días desde que el Gobierno decretó el estado de alarma y con torres y mandos de control bajo el mando de jefes del Ejército, la situación es de normalidad en la mayoría de los aeropuertos andaluces. Los controladores aseguran que la convivencia con los mandos militares es muy distendida, ya que éstos se limitan a supervisar que el control aéreo no sufra alteraciones de envergadura y a firmar los partes de novedades, tal y como les ordenó el Ministerio de Defensa.