Queja del PSdeG a Sebastián por el decreto del carbón
Una reunión interna del grupo socialista en el Congreso fue el escenario que escogió ayer el PSdeG para trasladar al Gobierno el malestar de los socialistas gallegos por el decreto de carbón, que prima el mineral nacional frente al importado, el que emplean las centrales de As Pontes y Meirama (Cerceda). Los diputados Xavier Carro y Margarita Pérez trasladaron al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la "propuesta" del PSdeG para templar las consecuencias económicas que el nuevo reglamento tendrá sobre las térmicas de Endesa y Unión Fenosa.
Ambas producen la mayor parte de la energí...
Una reunión interna del grupo socialista en el Congreso fue el escenario que escogió ayer el PSdeG para trasladar al Gobierno el malestar de los socialistas gallegos por el decreto de carbón, que prima el mineral nacional frente al importado, el que emplean las centrales de As Pontes y Meirama (Cerceda). Los diputados Xavier Carro y Margarita Pérez trasladaron al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la "propuesta" del PSdeG para templar las consecuencias económicas que el nuevo reglamento tendrá sobre las térmicas de Endesa y Unión Fenosa.
Ambas producen la mayor parte de la energía eléctrica que se genera en Galicia, y en la última década invirtieron 300 millones de euros en adaptar sus centrales a la quema de hulla importada. "Industria nos transmitió que As Pontes y Meirama son estratégicas y que su viabilidad no está en riesgo" manifestó Carro.
Los socialistas gallegos piden al ministerio que "garantice los empleos directos e indirectos" en las dos térmicas, que fijen compensaciones, y que "no se discrimine" el carbón importado del autóctono en la negociación del pacto por la energía.
Por otra parte, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, replicó al Gobierno asturiano, que ayer tachó de "egoísta" e "insolidaria" la postura de la Xunta, contraria al decreto del carbón. "Insolidario es querer solucionar los problemas de unos perjudicando a otros", aseguró Guerra. Defiende que las centrales gallegas "hicieron los deberes" modernizando sus instalaciones y eso ahora "se penaliza".