La empresa que vigila las obras de Louzán carece de contrato legal
Le fue adjudicado el control de seguridad en 2005 por un máximo de cuatro años
El control de seguridad y salud de las obras de la Diputación Provincial de Pontevedra, que preside Rafael Louzán, lo realiza una empresa, Darzal Consultoría y Prevención SL, sin contrato. La Diputación adjudicó a Darzal esa responsabilidad en octubre de 2005 por un periodo de dos años con opción a prorrogarlo de año en año pero "sin que la duración total incluidas las posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años". La Diputación, sin embargo, en sus últimas adjudicaciones de obras y de modo explícito desde julio, señala a cada adjudicatario que "deberá ponerse en contacto con la empresa Dar...
El control de seguridad y salud de las obras de la Diputación Provincial de Pontevedra, que preside Rafael Louzán, lo realiza una empresa, Darzal Consultoría y Prevención SL, sin contrato. La Diputación adjudicó a Darzal esa responsabilidad en octubre de 2005 por un periodo de dos años con opción a prorrogarlo de año en año pero "sin que la duración total incluidas las posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años". La Diputación, sin embargo, en sus últimas adjudicaciones de obras y de modo explícito desde julio, señala a cada adjudicatario que "deberá ponerse en contacto con la empresa Darzal Consultoría y Prevención SL (teléfono 986422100), encargada del control de seguridad y salud de las obras".
La consultora no está acreditada ni figura en el registro de Traballo
Darzal obtuvo en concurso abierto el contrato de 2005 para "las obras de construcción y conservación que proyecte, ejecute o dirija la Diputación". El pasado enero volvió a convocar otro concurso de términos análogos -aunque con el triple de presupuesto estimado- que la mesa de contratación aún no ha resuelto "debido al gran número de empresas que participaron", según la Diputación. En varias empresas del sector radicadas en Vigo y consultadas por este periódico señalaron, sin embargo, que ignoraban la convocatoria del concurso y la misma existencia de Darzal, que tampoco figura en el registro de la Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo) de empresas autorizadas para prestar servicios de prevención de riesgos laborales. "Entendemos que esta acreditación es preceptiva para formalizar contratos con la Administración", indicaron fuentes de esas empresas.
Darzal, fundada en 1999, tiene su domicilio social en Madrid. Pero el teléfono señalado en las notificaciones de adjudicación de obras de la Diputación corresponde a una dirección de Vigo (Paseo Valentín Paz Andrade 17) que la consultora comparte con una inmobiliaria, Itevivienda SL, aunque ninguna de las dos empresas está anunciada en la fachada.
Este periódico insistió durante varios días de la semana pasada en solicitar, en esa dirección y teléfono, algún dato sobre la actividad que Darzal desarrolla para la Diputación, hasta que el viernes, y de modo concluyente, se respondió que nadie facilitaría ninguna información, ni sobre la actividad ni sobre el personal ni sobre los responsables de la empresa.
Darzal se adjudicó el control de seguridad y salud de las obras de la Diputación a cambio del 0,72% del precio de todas y cada una de ellas. Entonces, 2005, se estimó que tendrían un presupuesto aproximado de ejecución de 10,8 millones de euros -en el concurso actual se estima ese presupuesto en 30 millones-, de lo que se derivarían para la consultora unos ingresos de unos 77.760 euros anuales.
Esta cuota de pago resulta sorprendentemente reducida para las obligaciones del adjudicatario que recogen los pliegos de condiciones del contrato, elaborados por los ingenieros jefes de obras de las dos zonas, norte y sur, en que se divide la provincia, Alfredo Montero y Baltasar Pujales, respectivamente. Ellos son, a su vez, los que interpretan el contrato y dan las instrucciones que estiman convenientes a Darzal.
Entre las obligaciones de la adjudicataria figuran, por ejemplo, las de "informar previamente al inicio de las obras sobre los planes de seguridad y salud presentados por los contratistas"; supervisar la utilización de los medios necesarios para la prevención e informar sobre ella a trabajadores, subcontratistas y autónomos; realizar reuniones periódicas con ellos, o poner los medios que garanticen el acceso a cada obra solo del personal autorizado.
Darzal también se obliga a redactar "un informe mensual que incluya los estudios de seguridad y salud y los estudios básicos elaborados, aprobados o en fase de seguimiento, los planes de seguridad aprobados, las obras comenzadas, en ejecución y terminadas, así como su estado mensual y una explicación sucinta de cada una de las incidencias acaecidas y comunicaciones realizadas (aviso previo e información a la autoridad laboral)".
Sociedad millonaria y embargada
Darzal Consultoría y Prevención SL se constituyó en 1999 con domicilio social en Madrid. Fernando José García Martínez es su administrador único. La sociedad cuenta además con tres apoderados: Juan Manuel García Martínez, María José Yllanes López y Marisol Bonachia Jiménez. El volumen de negocio y los beneficios, que Darzal ha destinado sistemáticamente a reservas voluntarias, iniciaron pronto una fulgurante escalada que se mantuvo al menos hasta 2006, último ejercicio cuyas cuentas ha podido consultar este periódico (la empresa no ha presentado las cuentas correspondientes a 2008 y 2009).
En 2002 facturó más de 1,5 millones de euros y en 2003, más de dos millones, con unos beneficios netos declarados de 64.256 y 111.094 euros, respectivamente. En 2005 la facturación alcanzó casi 3,5 millones y en 2006 saltó a 5,1, con 285.688 y 524.403 euros de beneficio, respectivamente. Hace un año, sin embargo, Hacienda notificó a la consultora un embargo por deudas que, si no han sido satisfechas, le impedirían contratar con la Administración.
Darzal, según sus declaraciones registrales, posee participaciones del 50% en cuatro uniones temporales de empresas enigmáticas, ya que no figura con qué otras sociedades mercantiles mantiene esa unión. Son las denominadas UTE Galicia, UTE Plasencia, UTE Arganda y UTE Aragón, probablemente relacionadas con su actividad en otras partes de la geografía española.
Lo único que destaca en la sede viguesa de Darzal, que la consultora comparte con una inmobiliaria, Itevivienda, es el control de acceso, con una cámara incorporada al portero automático. El ferruxe de la puerta le da un aspecto acorazado. Pero nada en el exterior indica la actividad que se realiza en el edificio.
La opacidad de las dos partes impide de momento verificar el grado de cumplimiento de su contrato con la Diputación, así como las cantidades facturadas.