Negociar en campo minado
José Blanco, ministro de Fomento, volvió a reunirse el pasado viernes con los controladores aéreos. Fue un encuentro cordial, positivo, en el que se habló de poner en marcha las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo en una atmósfera de colaboración y buenas vibraciones. La idea es firmarlo antes de final de año y para conseguirlo empezaron a trabajar ayer. Codo con codo, los representantes de AENA, el Ministerio y el sindicato de los controladores se prometieron encarar el futuro con grandeza de miras: les espera el cielo único europeo en 2012. Y en esas estaban cuando, al terminar l...
José Blanco, ministro de Fomento, volvió a reunirse el pasado viernes con los controladores aéreos. Fue un encuentro cordial, positivo, en el que se habló de poner en marcha las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo en una atmósfera de colaboración y buenas vibraciones. La idea es firmarlo antes de final de año y para conseguirlo empezaron a trabajar ayer. Codo con codo, los representantes de AENA, el Ministerio y el sindicato de los controladores se prometieron encarar el futuro con grandeza de miras: les espera el cielo único europeo en 2012. Y en esas estaban cuando, al terminar la reunión, el portavoz del sindicato dejó caer que 400 de ellos habían solicitado la rescisión de contrato: quieren irse al paro.
AENA ha explicado que solo tiene constancia de 180 peticiones de baja definitiva. Pero como la plantilla total es muy reducida (unos 2.400), les han dicho que no.
El caso es que iban a empezar las negociaciones en el mejor de los ambientes y, de pronto, ya no casan lo que dicen unos con lo que defienden los otros. Para AENA, los 180 que quieren irse, amparándose en el artículo 152 del actual convenio, piden 20 días de salario por año trabajado con nueve mensualidades como máximo. Una indemnización total que, como mucho, alcanza los 130.000 euros.
Los 400 que quieren irse a casa según el sindicato USCA, tienen en cambio la idea de hacerlo acudiendo al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que establece que, si al modificarse sus condiciones de trabajo se perjudica su formación profesional o se menoscaba su dignidad, tendrían derecho a percibir el equivalente a un despido improcedente. Es decir, 45 días de salario ordinario por año de antigüedad y con un máximo de 42 mensualidades: unos 600.000 euros de indemnización.
Una cantidad con la que, gustosamente, se irían muchos al paro a pesar de la crisis. Los controladores cobran una media de 350.000 euros al año (los sueldos del sector más altos de Europa) y hace poco una ley puso freno a sus privilegios. Votaron con ir a la huelga para protestar por sus nuevas condiciones laborales, pero fueron sensatos y retiraron la amenaza. Sea como sea, negociar con ellos es como caminar por un campo minado.