Montilla censura a Mas por ignorar el informe fiscal sobre el 'caso Palau'
El líder convergente dice que no está tapando nada y que colaborará con el juez
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) está en horas muy bajas y el informe de la Agencia Tributaria que insinúa la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC) a través del Palau de la Música le ha proporcionado una munición inesperada. José Montilla, presidente de la Generalitat, despidió ayer el curso político con una tradicional cena con militantes socialistas en El Vendrell (Tarragona) y, en su discurso, no desperdició la ocasión de criticar al convergente Artur Mas por tachar de "inconcreta" la investigación de Hacienda.
Montilla asumió que casos de corrup...
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) está en horas muy bajas y el informe de la Agencia Tributaria que insinúa la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC) a través del Palau de la Música le ha proporcionado una munición inesperada. José Montilla, presidente de la Generalitat, despidió ayer el curso político con una tradicional cena con militantes socialistas en El Vendrell (Tarragona) y, en su discurso, no desperdició la ocasión de criticar al convergente Artur Mas por tachar de "inconcreta" la investigación de Hacienda.
Montilla asumió que casos de corrupción como el Pretoria [que afecta también a su partido] y el del Palau dañan la confianza de la ciudadanía en los políticos por lo que reprochó a CDC que no quiera despejar dudas y que cierre los ojos ante los "datos" e "indicios" que se amontonan. "No es serio calificar de inconcreto un informe que apunta a una trama que relaciona la adjudicación de obra pública, el Palau y presuntos pagos directos e indirectos a un partido", señaló. Su tesis es que Hacienda ha secundado la conclusión de la comisión del Parlamento catalán sobre el Palau. "Mas dice que no pasa nada y la pregunta es obligada: si la justicia le desmiente de aquí a un tiempo, ¿qué hará? ¿Renunciará a su escaño?", añadió el presidente catalán que pidió prudencia en aras de la presunción de inocencia como contundencia para castigar a los responsables.
ICV propone que la financiación ilegal de los partidos sea considerada delito
Convergència no ha movido un ápice su estrategia: dice que ni en el Parlamento ni tampoco ahora la Agencia Tributaria han aportado pruebas que acrediten el desvío de fondos de cinco millones de euros hacia sus arcas. Su teoría es que todo es una especulación del tripartito destinada a erosionar a CiU ante su más que probable holgada victoria en las elecciones autonómicas de otoño. Y que será la justicia, si es que se llega a dar el caso, la que decida. "No intentamos tapar nada, y vamos a colaborar en todo lo necesario con la justicia, pero no vamos a hacer comentarios cada día por interés de nuestros adversarios políticos", replicó ayer Mas, tras asistir a una jornada en Perelada (Girona) sobre la política económica que propugna y ea la que acudió la plana mayor de la federación. Su intención es que su programa electoral se aboque en la lucha contra la crisis y en exigir el concierto económico.
Pese al contundente informe de Hacienda, los socios del tripartito están convencidos de que toda esta trama, electoralmente, le saldrá gratis a CiU. Según todas las encuestas, los nacionalistas arrasarán en las elecciones y solo una hecatombe dejaría a Mas sin la presidencia de la Generalitat. "Pues yo, en su caso, no podría irme tranquilamente de vacaciones porque si lo que dice Hacienda no es verdad, haría todo lo posible por demostrarlo", reflexionó Dolors Camats, diputada de Iniciativa per Catalunya-Verds.
La federación ecosocialista anunció que incluirá en su propuesta electoral un paquete de medidas para combatir la financiación ilegal de los partidos, como la tipificación como delito en el Código Penal, especialmente cuando se trata de fondos públicos. En septiembre, ICV celebrará una convención en la que perfilará su programa al que han aportado ideas más de 2.000 militantes y unas 120 asociaciones. Camats mostró la necesidad de que se ejerza un control más estricto de la financiación de partidos con medidas como la de crear un registro público que muestre el grado de endeudamiento de las fuerzas políticas con los bancos o, por ejemplo, que se prohíban las donaciones a las fundaciones de los partidos.