Nuevo retraso a las exigencias de más capital a la banca

Si el G-20 estrenaba en Toronto la etiqueta de "principal foro para la cooperación económica internacional" que se atribuyó hace nueve meses en la cumbre de Pittsburgh, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), al que se designó para guiar la reforma financiera, presentaba su segundo informe. En una carta enviada a los líderes de los países ricos y emergentes, el presidente del Consejo, Mario Draghi, aboga por "acuerdos sobre el periodo transitorio que permitan alcanzar una normativa robusta, antes que permitir que la preocupación por esa fase transitoria debilite las nuevas normas". En otra...

Si el G-20 estrenaba en Toronto la etiqueta de "principal foro para la cooperación económica internacional" que se atribuyó hace nueve meses en la cumbre de Pittsburgh, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), al que se designó para guiar la reforma financiera, presentaba su segundo informe. En una carta enviada a los líderes de los países ricos y emergentes, el presidente del Consejo, Mario Draghi, aboga por "acuerdos sobre el periodo transitorio que permitan alcanzar una normativa robusta, antes que permitir que la preocupación por esa fase transitoria debilite las nuevas normas". En otras palabras, el Consejo prefiere dar más tiempo a las entidades financieras y a la recuperación económica antes que rebajar el tono de las exigencias.

Sus palabras se traducen en un nuevo retraso sobre el calendario previsto. Hasta ahora se planteaba que el acuerdo para endurecer las exigencias de capital a la banca se cerrara a finales de este año, para dar paso entonces a una aplicación gradual hasta finales de 2012. Draghi aconseja ahora aplazar dos años su puesta en marcha. "Recomendamos que la aplicación de las medidas comience en 2012 y se establezca entonces un periodo de transición". El FMI y el CEF analizan qué impacto tendrían las nuevas medidas en la banca de cada país y en la recuperación económica (vía menos crédito) para definir esa transición.

A cambio, el Consejo insiste en mantener íntegra la reforma para garantizar que la banca está suficientemente capitalizada para afrontar episodios de crisis como el que se desató tras la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. El comité de Basilea, que reúne a los bancos centrales y debe presentar sus conclusiones en un mes, definirá un ratio máximo de endeudamiento, establecerá la forma de constituir colchones de liquidez y provisiones anticíclicas, y fijará un mínimo global de liquidez a medio plazo, una medida que la banca rechaza de plano.

El informe del Consejo (que integra a banqueros centrales, autoridades nacionales, reguladores y asociaciones internacionales de supervisión) destaca que EE UU y Europa, que concentran las plazas financieras más importantes, donde se originó la crisis, han hecho los deberes en el desarrollo de normas para reforzar el control de los riesgos del sistema financiero, y para extender ese control a los hedge funds, las agencias de calificación y los derivados fuera de mercados regulados.

El CEF advierte también que está estudiando "potenciales reformas" para reducir el impacto de una gestión demasiado arriesgada de las grandes entidades financieras transfronterizas. El Consejo cree que se podrían aplicar "recargos" en las exigencias de capital y colchones de liquidez a estos gigantes, e incluso "debatir los pasos para limitar su tamaño". Pero advierte también que "no todos los supervisores nacionales tienen el mandato, la independencia y los recursos suficientes para controlar" a estos bancos.

El Consejo está dispuesto a publicar una lista negra con los nombres de los países (y plazas financieras) que no asuman los avances de la reforma financiera. El organismo comprobará este año si España, Italia y México se están adaptando a las nuevas normas al ritmo apropiado. Y reveló que en el segundo trimestre de 2011 evaluará si se están aplicando las medidas para evitar que las retribuciones a los directivos incentiven el riesgo. Además, el Consejo estudia cómo hacer que la valoración de la solvencia de los Estados deje de depender en exclusiva de las agencias de calificación.