El Gobierno de Aguirre cuestiona al ex vicepresidente al que espió

El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que está llegando a su fase final en los tribunales.

En los últimos días, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales ...

El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que está llegando a su fase final en los tribunales.

En los últimos días, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales dispersos por la capital, paralizado ahora por falta de presupuesto.

Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedió a Prada en su área de gobierno y que fichó a los supuestos espías del ex vicepresidente. Pese a que se ha negado por tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso de espionaje, el consejero se ofreció el pasado martes a dar cuenta en la Cámara autónoma de la gestión en el Campus de la Justicia tras informar la cadena SER de que la empresa adjudicataria de las obras (una unión temporal de las compañías Aldesa y Begar) invirtió 1,4 millones de euros en el acto de colocación de la primera piedra, celebrado el 31 de enero de 2007, al que asistió Aguirre.

La Comunidad se gastó seis millones en promoción del proyecto

Un gasto que Granados considera ahora "excesivo y difícil". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ejecutó ese mismo año 90 millones de euros en "publicidad, promoción, divulgación y anuncios", según una respuesta del Gobierno regional al grupo socialista. Equivale a un tercio de todo el gasto del Gobierno central para ese año (268 millones). Y es tres veces más de lo que gastó la Generalitat (30 millones), pese a que Cataluña tiene un millón de habitantes menos.

Al día siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio González, subrayó que la Comunidad no había pagado nada del evento, pero en lugar de descartar la responsabilidad de Prada, sugirió que debe ser él quien dé explicaciones y recalcó que el Gobierno regional está revisando esos gastos por si hubiera irregularidades."La responsabilidad es del vicepresidente, que será el que tenga todos los datos de esa gestión", afirmó Ignacio González. Como si Prada no hubiera formado parte del Ejecutivo de Aguirre, ni fuera del mismo partido. También recordó que Prada reunía los cargos de consejero delegado de la empresa, presidente y director ejecutivo de la sociedad Campus de la Justicia.

En el Registro Mercantil consta que el ex vicepresidente Alfredo Prada ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad anónima Campus de la Justicia hasta el verano de 2008. Entonces Francisco Granados le sustituyó al frente de la consejería, y por tanto, se convirtió en presidente de la sociedad. Miguel Giménez de Córdoba, que era director general de Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia con Prada, y ya ocupaba un asiento en el Consejo de Administración, sustituyó como consejero delegado a Prada.

La paralización de las obras de la Ciudad de la Justicia ha llevado recientemente a la consejería a prescindir de Giménez de Córdoba. Según una portavoz, no será sustituido en el cargo dada la estrategia de recorte de gastos del plan de austeridad de la Comunidad de Madrid.

Frente a las dudas que sembradas sobre la gestión de Prada, algunos colaboradores suyos en su etapa de consejero recuerdan que Esperanza Aguirre preside la Junta General de Campus de la Justicia, SA, que es la que tiene la última palabra sobre la sociedad. Así lo establece la Ley de Administración Institucional para todas las sociedades públicas en las que el 100% del capital pertenece a la Comunidad. El viceconsejero de Vicepresidencia, Salvador Victoria, reconoció ayer que esto es así, pero también recalcó que la junta general solo se reúne una vez al año y que su único cometido es dar el visto bueno "a la presentación de las cuentas y a los informes de auditoría".

Victoria dejó claro que Prada sí presentó el 28 de diciembre de 2006 un informe al Consejo de Gobierno con el que daba cuenta de que la sociedad Campus de la Justicia había adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Begar -implicada en el caso Gürtel- y Aldesa las obras de urbanización de la primera fase del proyecto. El coste, que había salido a concurso público por 93 millones de euros, se adjudicó por 55,4 millones. Este es un mero trámite para que el Gobierno regional esté informado de cómo evoluciona el proyecto. De hecho, fue el propio Prada el que rubricó ese informe. Al ser el presidente de la sociedad anónima y consejero del área (en este caso, Justicia), solo él era competente para hacerlo, recordaron fuentes regionales.

Otro asunto polémico de la actuación de Prada en el que el Gobierno regional no ha salido a defenderle es el gasto en publicidad. Campus de la Justicia gastó cerca de seis millones de euros durante tres años para promocionar este megaproyecto urbanístico dentro y fuera de la región. Las maquetas de los edificios y los montajes audiovisuales que se encargaron para explicar el proyecto viajaron a lugares tan distantes como Singapur o Múnich. La mayor parte del gasto salió de las arcas regionales. Dividido en los tres años de máxima promoción supone una media que no llega a los dos millones al año. La Comunidad de Madrid se gastó solo en 2007 160 millones de euros en publicidad, mientras que el Gobierno central, pese a dirigirse a toda España, desembolsó 268 millones.

Fuentes del Gobierno regional explicaron que Prada era quien decidía en qué se gastaba ese dinero, ya que era el máximo responsable de la sociedad anónima. Tan solo recibía el visto bueno previo del vicepresidente Ignacio González y de los responsables de Comunicación antes de diseñar y contratar las campañas de publicidad.

Colaboradores de Prada en la Consejería de Justicia aseguran que no se hizo ningún dispendio excesivo, ya que la construcción de las maquetas de los futuros edificios y el traslado a puntos muy diversos resultaba a veces muy cara.