El imán de Cunit será juzgado en julio por presuntas amenazas
El imán y los representantes de la comunidad islámica de Cunit (Baix Penedès) deberán esclarecer las presuntas amenazas contra la mediadora cultural del municipio, Fátima Ghailan, a partir del próximo 1 de julio. Es la fecha designada por la Audiencia de Tarragona para iniciar el juicio penal contra el imán de la localidad, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel, y contra la esposa de este y el presidente de la Asociación Islámica local, para quienes la fiscalía solicita penas de entre dos y cuatro años de prisión. Los cuatro están imputados por delitos de amenazas, coacción y calumnia...
El imán y los representantes de la comunidad islámica de Cunit (Baix Penedès) deberán esclarecer las presuntas amenazas contra la mediadora cultural del municipio, Fátima Ghailan, a partir del próximo 1 de julio. Es la fecha designada por la Audiencia de Tarragona para iniciar el juicio penal contra el imán de la localidad, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel, y contra la esposa de este y el presidente de la Asociación Islámica local, para quienes la fiscalía solicita penas de entre dos y cuatro años de prisión. Los cuatro están imputados por delitos de amenazas, coacción y calumnias contra Ghailan, española musulmana de origen marroquí que presuntamente fue asediada por la comunidad por motivos como no llevar velo y disfrutar de una vida demasiado occidentalizada, según la instrucción judicial.
A la vista está citada a declarar, entre otros, la alcaldesa de Cunit y senadora por Tarragona, Judit Alberich. La edil declaró ante el juez que evitó la detención del imán para no abrir un cisma entre la comunidad islámica de la localidad y después fue criticada por la propia Ghailan por su actitud de connivencia con la presunta campaña de acoso. Este comenzó en diciembre de 2008, después de que Ghailan fuera contratada en el mismo Ayuntamiento que mantiene a los imputados como principales interlocutores del colectivo musulmán local. El Consistorio y los imputados han minimizado el conflicto subrayando que se trata de un "asunto privado", pese a que entre los acosos detallados en la instrucción figura una carta con unas 90 firmas de musulmanes, que el Ayuntamiento dijo que estudiaría "atentamente", en la que se reclama el despido de Ghailan. Varios de los firmantes de esa misiva también están citados a juicio.