Barberá tramita el derribo de 31 nuevas casas en El Cabanyal
Las demoliciones están suspendidas tras el recurso ante el Constitucional
El gobierno local de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, ha condenado a la piqueta a otras 31 viviendas ubicadas en el barrio marinero de El Cabanyal a pesar de que los derribos están suspendidos. El Gobierno presentó a principios de abril un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional a cuenta del plan urbanístico del Cabanyal y desde su admisión a trámite no puede tocarse ni un ladrillo en la zona.
Los socialistas, en la oposición, criticaron ayer la aprobación de estas 18 nuevas licencias de derribo y 31 viviendas afectadas. "El gobierno local ha tramitado las l...
El gobierno local de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, ha condenado a la piqueta a otras 31 viviendas ubicadas en el barrio marinero de El Cabanyal a pesar de que los derribos están suspendidos. El Gobierno presentó a principios de abril un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional a cuenta del plan urbanístico del Cabanyal y desde su admisión a trámite no puede tocarse ni un ladrillo en la zona.
Los socialistas, en la oposición, criticaron ayer la aprobación de estas 18 nuevas licencias de derribo y 31 viviendas afectadas. "El gobierno local ha tramitado las licencias con unas prisas y una aceleración indignas. Ha aprovechado lo que considera un vacío legal, que no es tal, para tramitar nuevos derribos", sentenció el concejal socialista Vicente González Móstoles. Para el edil, la aprobación de nuevas licencias "es situarse fuera de la legalidad".
Jorge Bellver, concejal delegado de Urbanismo, matizó que los permisos se tramitaron al amparo de una ley autonómica que los permitía y que ahora está recurrida al Constitucional. Llegado a este punto, Bellver reconoció que las licencias están suspendidas, para acto seguido incidir en que si la justicia les da la razón, el consistorio tendrá trabajo adelantado. Bellver explicó que tras una consulta a la Audiencia Nacional -ante la que el consistorio impugnó la orden de Cultura que suspende el plan-, el Ayuntamiento entiende que todo queda paralizado; derribos e inversiones.
Los vecinos contrarios a la destrucción del bario cargaron contra la alcaldesa porque muchas de las casas con licencia de derribo son todavía propiedad de particulares.