Imputado un viceconsejero por construir en terreno protegido

El ex alcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo molino de piedra en un restaurante de lujo. Un vecino del municipio llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII, está en una zona de máxima protección. El ex regidor, ahora viceconsejero de Empleo, ignoró las repetidas advertencias del Gobierno regional. La dirección general de Urbanismo llegó a pedirle que cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local. Ahora "tras una larga y enojosa tramitación", ...

El ex alcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio lleva más de siete años litigando por haber convertido un antiguo molino de piedra en un restaurante de lujo. Un vecino del municipio llevó el caso a los tribunales porque el molino, del siglo XVIII, está en una zona de máxima protección. El ex regidor, ahora viceconsejero de Empleo, ignoró las repetidas advertencias del Gobierno regional. La dirección general de Urbanismo llegó a pedirle que cerrase el restaurante. Pero nada. Fernández tenía intereses en la sociedad que gestionaba el local. Ahora "tras una larga y enojosa tramitación", según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.

El tribunal también declara nulos los anteriores autos judiciales porque en mitad del proceso Fernández Rubio alegó que era diputado, lo que le impedía ser juzgado por un tribunal ordinario. La estratagema provocó que el procedimiento tuviera que reiniciarse. Ahora el TSJM afea la conducta del alto cargo regional por pedir el aforamiento en mitad del proceso. "No parece que tal conducta, con base en, aparentemente, una deliberada ocultación, cuadre con las reglas de buena fe", sostiene el magistrado.

"Se inició en 2001 y se ha dilatado hasta ahora; parece que al acusado sólo le ha interesado preparar argucias legales para alargar el proceso", sostiene el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Y sentencia: "La Comunidad de Madrid ha actuado de forma bochornosa intentando legalizar una situación irregular".