El tribunal paraliza los derribos de El Cabanyal en Valencia
La ley de la Generalitat que amparaba las demoliciones queda suspendida
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la ley de la Generalitat en la que se amparó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para ordenar la semana pasada el derribo de seis casas en el barrio de El Cabanyal. La ley sorteaba la orden del Ministerio de Cultura de diciembre que suspendió el plan municipal de prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios y una parte de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La decisión del alto tribunal implica la paralización de la ley del Consell y, por t...
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la ley de la Generalitat en la que se amparó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para ordenar la semana pasada el derribo de seis casas en el barrio de El Cabanyal. La ley sorteaba la orden del Ministerio de Cultura de diciembre que suspendió el plan municipal de prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios y una parte de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La decisión del alto tribunal implica la paralización de la ley del Consell y, por tanto, de nuevos derribos. Esta es la segunda vez que el Constitucional acepta revisar una decisión del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, en relación con esta polémica. Tras la orden ministerial, la Generalitat aprobó un decreto ley para amparar el proyecto de Barberá. El Gobierno lo recurrió al considerar que invade sus competencias sobre el patrimonio histórico. Con los votos del PP, las Cortes valencianas convirtieron el decreto en ley el pasado 31 de marzo. Barberá se acogió a esta nueva norma para demoler las viviendas la semana pasada, el mismo día en que se levantó el secreto de sumario del caso Gürtel. Los vecinos se movilizaron contra los derribos y la policía cargó con dureza contra ellos.
Las reacciones a la decisión del alto tribunal no se hicieron esperar. El presidente Camps, desde Bruselas -improvisó un viaje para entrevistarse con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y Aleix Vidal Quadras-, afirmo no entender por qué al Gobierno "no le apetece" que Valencia tenga comunicación directa con el mar. Desde el Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, insistió en que les asiste "la razón", pero admitió: "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva el problema".
La plataforma Salvem El Cabanyal se mostró "satisfecha" con la decisión y reclamó que se rehabilite el barrio sin destruir edificios. En el mismo sentido se pronunciaron los socialistas, Compromís y Esquerra Unida. La asociación de vecinos subrayó que una actuación más "prudente" de la alcaldesa Barberá hubiera evitado los incidentes de la semana pasada.