El Defensor del Pueblo halla cuerdas de sujeción en un centro de menores

Un inspector de la oficina del Defensor del Pueblo visitó el centro terapéutico de menores de Galapagar el pasado 3 de diciembre. Y se quedó muy sorprendido. O quizá no tanto, porque estaba allí tras recibir una denuncia de cuatro muchachos que habían estado recluidos en el lugar. Vio cuerdas de sujeción. También chicos con un alto nivel de medicación. Quizá más allá de la prescrita por los psiquiatras. Y le llamó la atención el hecho de que los relatos sobre la rutina en el lugar de los niños y de sus educadores fuesen tan diferentes. Este centro es una especie de residencia para menores desp...

Un inspector de la oficina del Defensor del Pueblo visitó el centro terapéutico de menores de Galapagar el pasado 3 de diciembre. Y se quedó muy sorprendido. O quizá no tanto, porque estaba allí tras recibir una denuncia de cuatro muchachos que habían estado recluidos en el lugar. Vio cuerdas de sujeción. También chicos con un alto nivel de medicación. Quizá más allá de la prescrita por los psiquiatras. Y le llamó la atención el hecho de que los relatos sobre la rutina en el lugar de los niños y de sus educadores fuesen tan diferentes. Este centro es una especie de residencia para menores desprotegidos y está a cargo de la Comunidad de Madrid.

Los cuatro menores que presentaron la queja son los mismos que fueron en diciembre a un cuartel de la Guardia Civil de Torrelodones. Su denuncia fue admitida a trámite. Hoy declaran en el Juzgado número 7 de Villalba. Pero no serán los únicos. También irán otros chavales residentes en el centro de Galapagar. Y algunos de los educadores.

Humillaciones

La demanda, presentada especialmente por Juan Carlos V., que abandonó el lugar hace dos años al cumplir la mayoría de edad, habla de humillaciones y malos tratos. Y se demora especialmente en un día en el que fue atado durante toda una noche. Se orinó encima y nadie hizo caso de sus peticiones de ayuda.

El abogado de los demandantes, Endika Zulueta, advierte de que esta clase de demandas son contra las personas que cometieron actos concretos. Desde la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el Instituto del Menor y la Familia, dirigido por Paloma Martín, se lanzó ayer un comunicado para precisar algunas cosas que, en su opinión, son erróneas. De viva voz, una de sus portavoces aseguró que las sujeciones halladas en el lugar están "homologadas y son las mismas que se encuentran en cualquier hospital psiquiátrico". También insistió en que las dosis de medicamentos suministradas a los menores "son las prescritas por Salud Mental".

Sin embargo, personas muy ligadas a estos centros aseguran que "se abusa de la medicación y los chicos llegan a otros centros a los que son derivados como zombis". Otras fuentes cercanas al Instituto del Menor aseguran que el "cabecilla de la denuncia" tiene un largo historial médico psiquiátrico y que padece trastornos de personalidad muy graves.