Confusión sobre el relevo en los órganos de las entidades
El auto de suspensión de los tres artículos de la Lei de Caixas dictado por el Tribunal Constitucional (TC) puede dar lugar a situaciones dispares. Por ejemplo, que los actuales consejeros continúen en el cargo hasta que no se resuelva el recurso, algo que podría ocurrir hoy mismo, (tras la reunión que Xunta y Gobierno tienen en Madrid), o, si no hay acuerdo, dilatarse durante meses. También podría suceder todo lo contrario: que se obligase a ordenar el cese de los consejeros que no cumplan con los requisitos del artículo 26 (por superar los 70 años, caso del presidente de Caixanova, Julio Fer...
El auto de suspensión de los tres artículos de la Lei de Caixas dictado por el Tribunal Constitucional (TC) puede dar lugar a situaciones dispares. Por ejemplo, que los actuales consejeros continúen en el cargo hasta que no se resuelva el recurso, algo que podría ocurrir hoy mismo, (tras la reunión que Xunta y Gobierno tienen en Madrid), o, si no hay acuerdo, dilatarse durante meses. También podría suceder todo lo contrario: que se obligase a ordenar el cese de los consejeros que no cumplan con los requisitos del artículo 26 (por superar los 70 años, caso del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, o por tener un cargo político).
"Por puro sentido común", señalan fuentes jurídicas, "si el recurso anula la renovación de los órganos de gobierno, éstos deberían seguir en funciones". De hecho, el informe del Gobierno preserva el punto que determina que, "mientras no se produzca la renovación de los actuales órganos, el control de las cajas seguirá atribuido a los actuales".
La Consellería de Facenda, como organismo que tutela estas entidades, no se pronunciará sobre el proceso electoral hasta que el auto del TC se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre plenamente en vigor. Pero insiste en que "la ley no va contra nadie", en referencia a Gayoso. Una tercera posibilidad, más remota, es que la Xunta obligue a retomar el proceso electoral según la ley de 2005, ya que fue "suspendido" con la entrada en vigor del nuevo texto. Fuentes de las cajas de ahorros lo rechazan.