'Sharía' en Tarragona

Diez islamistas radicales de la corriente salafista residentes en Tarragona están imputados por intentar ejecutar, en aplicación de la ley islámica o sharía, a una mujer que desobedeció a su marido. La víctima logró escapar y denunciar a sus verdugos, pero su caso pone al descubierto lo que parece ser el primer tribunal islámico del que se tiene constancia en España. De confirmarse, se trataría de un suceso que ofrece inquietantes lecturas que convendría analizar.

Según se desprende de la investigación, 20 hombres secuestraron y sometieron a juicio privado a la mujer, una magrebí...

Diez islamistas radicales de la corriente salafista residentes en Tarragona están imputados por intentar ejecutar, en aplicación de la ley islámica o sharía, a una mujer que desobedeció a su marido. La víctima logró escapar y denunciar a sus verdugos, pero su caso pone al descubierto lo que parece ser el primer tribunal islámico del que se tiene constancia en España. De confirmarse, se trataría de un suceso que ofrece inquietantes lecturas que convendría analizar.

Según se desprende de la investigación, 20 hombres secuestraron y sometieron a juicio privado a la mujer, una magrebí de unos 30 años, que siguió adelante con su embarazo a pesar del rechazo de su marido. De hecho, fue este último el que la denunció a los miembros de ese tribunal ilegal. La víctima ha declarado que todos los hombres que la juzgaron portaban barba y turbante y que el encargado de ejecutar la sentencia se sentía profundamente obligado por sus convicciones a llevarla a cabo.

Este evidente atropello obliga a reflexionar sobre la radicalización creciente de ciertos colectivos inmigrantes y sobre sus problemas de integración, algo que la crisis no ayuda en modo alguno a resolver. Los poderes públicos están obligados a desarrollar políticas de integración que intenten deshacer ese círculo vicioso que se retroalimenta de paro, marginalidad, fundamentalismo, por un lado, y rechazo social y xenofobia, por otro.

Pero el caso de Tarragona, una vez cometido el delito, debería quedar despojado de toda connotación social o religiosa. El marco jurídico de nuestro Estado de derecho es igual para todos los ciudadanos, con independencia de su raza, origen, sexo o religión. Sólo nuestros tribunales tienen la potestad de impartir justicia y la víctima tiene el mismo derecho que el resto a ser protegida ante el atropello sufrido. Aplicar leyes no consagradas por nuestro ordenamiento jurídico, secuestrar e intentar matar a una persona son gruesos delitos que no pueden quedar impunes. Y ésos son precisamente los cargos que les imputa el juez instructor a los detenidos.

La meticulosidad demostrada por la policía y la justicia en este caso, sobre el que han trabajado durante ocho meses, es un elemento tranquilizador. La claridad y la contundencia de las pruebas son la mejor herramienta para clarificar posiciones a todas las partes.