La Fiscalía investiga el uso de la imagen del niño obeso en los medios
Las diligencias se abrieron hace mes y medio por las fotos del menor publicadas
El derecho legal del menor orensano con obesidad mórbida a su imagen, intimidad y honor está en entredicho. En el largo periodo transcurrido desde que el Gobierno gallego obtuvo la tutela del niño y sus padres lo ocultaron para que no ingresara en un centro de menores, la foto del chico (con el rostro difuminado), asociada a su enfermedad y a las características de su entorno familiar, comenzó a divulgarse en algunos medios.
La Fiscalía orensana abrió de oficio diligencias en ese momento, hace un mes y medio, "para aclarar el uso de la imagen y la identidad del menor en los medios de co...
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El derecho legal del menor orensano con obesidad mórbida a su imagen, intimidad y honor está en entredicho. En el largo periodo transcurrido desde que el Gobierno gallego obtuvo la tutela del niño y sus padres lo ocultaron para que no ingresara en un centro de menores, la foto del chico (con el rostro difuminado), asociada a su enfermedad y a las características de su entorno familiar, comenzó a divulgarse en algunos medios.
La Fiscalía orensana abrió de oficio diligencias en ese momento, hace un mes y medio, "para aclarar el uso de la imagen y la identidad del menor en los medios de comunicación", según ha reconocido a este diario el Ministerio Fiscal, que podría pedir ahora responsabilidades a esos medios "por la intromisión en la imagen" del niño.
"Fue decisión de cada medio difundir o no las imágenes", dice la familia
El abogado de los padres acusa a la Xunta de revelar el historial médico
Fuentes del Ministerio Fiscal sostienen que el asunto es "complicado", dado que "se podría entender" que hubo un consentimiento de los padres a la difusión de la imagen de su hijo cuando, al comienzo del proceso, ofrecieron fotografías del niño, de antes y después de someterlo a una dieta por la que adelgazó 10 kilos. Aunque las mismas fuentes reconocen que los medios de comunicación interpretaron el código deontológico y asumieron la responsabilidad de divulgar o no las imágenes.
En el entorno familiar del menor niegan la responsabilidad de los padres. "Las fotos se entregaron para que los periodistas comprobaran que estaba sometido a una dieta efectiva", sostienen. Y apuntan que "fue decisión de cada medio difundir o no las imágenes, cada uno hizo lo que consideró".
En ese primer momento en el que trascendió la imagen del menor, aunque éste permanecía bajo el control ilegal de sus padres -están acusados por ese motivo de los delitos de desobediencia y ocultación- la Xunta tenía legalmente su tutela. También la tenía, y ya la ejercitaba, cuando el martes pasado televisiones públicas (TVG y TVE) y otros medios difundieron otra vez la imagen del niño, de nuevo con la cara difuminada, para ilustrar con detalle el proceso de su entrega a la Administración autonómica. No sólo eso. El abogado de los padres, José Manuel Rodríguez, entiende que el delegado provincial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, se "extralimitó" el miércoles al aportar a los medios de comunicación datos del historial médico del chico. Martínez hizo las declaraciones en su calidad de representante de la Administración autonómica, tutora del menor.
En opinión del letrado de la familia, la actitud del delegado provincial "choca con la discreción y prudencia" que en su opinión mantuvo al respecto el departamento de Benestar de la misma Xunta de Galicia, "que envió un escueto comunicado a los medios informando sólo de que el niño había sido entregado" a la Administración.
La ley de protección jurídica del menor considera "intromisión ilegítima" en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los menores de edad "cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales".
Señala además que este derecho incluye también "el secreto de las comunicaciones" y establece que la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación contraria a los intereses del niño "determinará la intervención del Ministerio Fiscal que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección" y solicitará "las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados".