El presidente alerta del daño de levantar rellenos
La Xunta está afectada de lleno por la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal el relleno de Placeres y el Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra. Fue la Consellería de Política Territorial la que, en octubre de 2000, dio su aprobación al documento urbanístico portuario, una decisión que cuestiona y anula el alto tribunal. Por eso el Ejecutivo está estudiando el fallo, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, adelantó: "En derecho hay una cosa fundamental: no se pueden causar más daños que beneficios".
Feijóo se alineó así con el presidente de la Autoridad Portuaria de...
La Xunta está afectada de lleno por la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal el relleno de Placeres y el Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra. Fue la Consellería de Política Territorial la que, en octubre de 2000, dio su aprobación al documento urbanístico portuario, una decisión que cuestiona y anula el alto tribunal. Por eso el Ejecutivo está estudiando el fallo, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, adelantó: "En derecho hay una cosa fundamental: no se pueden causar más daños que beneficios".
Feijóo se alineó así con el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, quien alertó tras conocer la sentencia de que la retirada del relleno podría causar un impacto ecológico mayor que la propia ampliación, ilegalizada por carecer de estudio de impacto ambiental. El titular de la Xunta afirmó que la Consellería del Mar, a la que están adscritos los puertos de interés general gallegos, trabaja con la Abogacía del Estado en el estudio de la sentencia. "Las sentencias hay que interpretarlas y que ajustarse a su parte dispositiva", afirmó.
Feijóo hizo estas declaraciones tras presidir un Consello en el que se aprobó, entre otros acuerdos, la rescisión "por mutuo acuerdo" del contrato para la construcción y explotación de la vía de alta capacidad de Carballo-Berdoias, en la Costa da Morte. El presidente pidió "perdón" a los vecinos por una decisión de la que culpó al Gobierno anterior, y se comprometió a licitar el contrato de nuevo "antes de que acabe el año". La Xunta tendrá que desembolsar 4,1 millones de euros por los gastos emprendidos por la antigua concesionaria, que desistió de efectuar las obras y explotarlas mediante un peaje en la sombra.