El Gobierno garantiza que Euskaltel no tendrá ventajas en el nuevo contrato

Euskaltel, la empresa de telecomunicaciones que nació como consecuencia del apoyo del PNV a la investidura de José María Aznar en 1996, puede perder su codiciado contrato con el Gobierno vasco. El Departamento de Administraciones Públicas adjudicará en enero el nuevo contrato de prestación de servicios de telefonía e Internet a la mejor oferta de las que se presenten en las próximas semanas, después de ofrecer garantías a los operadores de que todas las propuestas se van a analizar, quizás por vez primera, con criterios objetivos y no políticos. Desde que en 1998 el Gobierno concedió a la comp...

Euskaltel, la empresa de telecomunicaciones que nació como consecuencia del apoyo del PNV a la investidura de José María Aznar en 1996, puede perder su codiciado contrato con el Gobierno vasco. El Departamento de Administraciones Públicas adjudicará en enero el nuevo contrato de prestación de servicios de telefonía e Internet a la mejor oferta de las que se presenten en las próximas semanas, después de ofrecer garantías a los operadores de que todas las propuestas se van a analizar, quizás por vez primera, con criterios objetivos y no políticos. Desde que en 1998 el Gobierno concedió a la compañía que preside el ex lehendakari José Antonio Ardanza el primer contrato por 200 millones de las antiguas pesetas -el último, firmado en 2005, fue por 65,4 millones de euros-, las demás operadoras han denunciado que la decisión se basó más en motivos políticos que de servicio.

La futura adjudicación velará por la "igualdad de oportunidades"

La reunión que el presidente de Telefónica, César Alierta, mantuvo el pasado lunes con Patxi López, fue un acto protocolario enmarcado en las citas que el lehendakari está manteniendo con las principales empresas y corporaciones vascas y que operan en Euskadi. Pero también sirvió para despejar cualquier duda sobre la aplicación del criterio de igualdad de oportunidades en el estudio de la oferta que Telefónica va a presentar para telefonía móvil, fija, de datos e Internet para todo el Gobierno y sus sociedades públicas. Tras la reunión, Alierta dejó caer que el nivel de inversiones en Euskadi va a mantenerse. En su último informe, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dio un tirón de orejas a varias compañías, entre otras a Euskaltel, por "reducir su esfuerzo inversor" en infraestructuras en 2008. Según datos del año pasado, Telefónica emplea a 2.000 personas en Euskadi y Euskaltel a 549.

Fuentes del Gobierno confirmaron que el pliego de condiciones se hará público "en los próximos días", con el propósito de que la adjudicación sea efectiva a primeros de enero. No precisaron sin embargo, si se va a permitir ofertas parciales para cada área, como sucede con Interior, cuyo servicio de telefonía móvil lo lleva Vodafone, mientras que el acceso a Internet lo presta Euskaltel. Lo que sí subrayaron es que todas las operadoras que cumplan con el pliego de condiciones tienen las mismas posibilidades.

El último contrato firmado en enero de 2005 por el Ejecutivo y el operador vasco fue recurrido por Telefónica, por entender que el pliego de condiciones no ofrecía información suficiente, dejaba un excesivo margen de discrecionalidad y favorecía a Euskaltel. En aquel momento el Gobierno tenía una participación directa en Euskaltel del 3% del capital social, que posteriormente vendió -se sumaba al 7% adicional que sigue teniendo indirectamente a través de las participaciones de EITB y del EVE- y le daba derecho a tener dos consejeros en el consejo de administración de la operadora vasca de telecomunicaciones. Uno de ellos era la ex vicehendakari y consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Idoia Zenarruzabeitia, a cuyo departamento corespondía conceder el contrato. Los competidores en aquel proceso, encabezados por Telefónica, criticaron la decisión del Ejecutivo al considerar "insostenible" que fuera "juez y parte" en la adjudicación.

La única excepción en la predilección gubernamental por Euskaltel se produjo el 25 de julio del pasado año, adjudicó los móviles de Interior a Vodafone por cinco millones de euros.